miércoles, enero 26, 2022
País Obras inconclusas, un monumento a la corrupción

Obras inconclusas, un monumento a la corrupción

La impunidad en estos casos responde a la falta de articulación entre Contraloría y Fiscalía y se agravan con los largos procesos de auditorías e informes.

Tungurahua, Imbabura y Los Ríos son solo algunas de las provincias que cuentan con obras inconclusas que pasan el millón de dólares y sobre las cuales aún está pendiente determinar algún tipo de responsabilidad penal.

La construcción del mercado de Ibarra, por ejemplo, es una obra que lleva inconclusa más de cinco años; se invirtieron alrededor de $7 millones, pero el terreno sobre el que se construyó está en litigio, aún no hay responsables.

En Los Ríos también hay problemas, se invirtieron más de $3 millones en la ejecución del soterramiento y regeneración urbana de Quevedo, pero no se cumplieron los requerimientos técnicos para albergar cableado de alta tensión.

Sanciones y responsables

Para Germán Rodas Cháves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, las obras que quedan inconclusas responden a factores como “incapacidad de trabajo y administración de determinados funcionarios públicos de elección popular o de designación directa, a la falta de celeridad en transferencias económicas de los organismos competentes y al manejo inadecuado de la contratación pública”.

Para esto, explica Rodas, las normas deben venir de la mano de la Contraloría General del Estado (CGE), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Asamblea, “los organismos de control deben buscar un mecanismo mediante el cual se impida que la obra inconclusa quede como un monumento a la incapacidad, a la impunidad, ciertamente se debe sancionar sobre la base de una adecuada investigación”, resalta.

Cuando la Contraloría detecta anomalías en la ejecución de alguna obra, inicia una auditoría y su debido informe, el cual, según el Código Integral Penal (COIP), debe ser emitido a la Fiscalía.

El abogado penalista Nicolás Salas explica que, normalmente la Contraloría realiza informes de tres tipos: administrativo, civil y con indicios de responsabilidad penal. Menciona que para estos tres casos siempre hay una sanción, la cual varía dependiendo del tipo.

“Cuando este órgano de control determina responsabilidad de carácter administrativo, lo que procede es la multa al funcionario que haya incumplido con algún tipo de normativa. Cuando es de condición civil, dependiendo del caso, se establecen glosas (usted paga por el perjuicio que se hizo al Estado)”, detalla Salas y sostiene que cuando hay indicios de responsabilidad penal es cuando hay observaciones que puedan estar relacionadas con el delito de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o delitos contra la administración pública.

Pese a que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece “actuar coordinadamente con la Fiscalía General del Estado para iniciar y proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos”, el tiempo que se demora la Contraloría en emitir varios de sus informes es determinante en el proceso de sanción a posibles responsables no solo de obras inconclusas sino también de sobreprecios.

“Esta entidad establece un tiempo límite para que se realicen los informes de auditoría y, en muchos ocasiones, la CGE actúa después de cuatro, cinco o 10 años y, cuando intenta judicializar los casos se encuentra que estos tiempos han concluido”, menciona Salas y refuerza la idea de que este es otro motivo para que haya impunidad en los procesos de penalización.

Posibles soluciones

Los expertos consultados coinciden en que, para que no haya impunidad en las sanciones ni despilfarro de dinero en la ejecución de obras se requiere de un cambio estructural, empezando por la misma Contraloría y la designación de su nueva máxima autoridad.

Salas cree que la CGE es una institución que se ha desinstitucionalizado debido a los escándalos públicos, “hay que volver a contar con una autoridad de la contraloría que pueda reorganizar todas las actividades, establecer prioridades en la vigilancia de política pública, de procesos precontractuales”, comenta Nicolás Salas y reafirma que, es fundamental que los recursos de los ecuatorianos se deben canalizar de manera adecuada y que “los funcionarios públicos sepan que están siendo observados por la CGE”.

Por su parte, Germán Rodas enfatiza en la necesidad de empezar por la raíz del problema. “Para que una obra no quede inconclusa, los organismos de control deben garantizar que existan los recursos adecuados, la prospectiva de la construcción, permisos ambientales, etc.”; además califica a las  obras inconclusas como un “monumento a la corrupción y al manejo inadecuado de los recursos en perjuicio de la comunidad”. (MFU)

Contraloría detectó pagos injustificados por $1.1 millones en proyecto PRIZA

El 25 de noviembre la Contraloría General del Estado (CGE) informó que, luego de una auditoría al Plan de Reestructuración Integral de las Zonas Afectadas (PRIZA) se detectó que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) realizó pagos injustificados por $1.1 millones en obras para la rehabilitación de la infraestructura del servicio público de energía eléctrica, en Manabí.

Este proyecto de reconstrucción de la subestación eléctrica de San Vicente, que inició luego del terremoto de 2016, tiene observaciones no solo relacionadas a sobreprecios sino también a retrasos en el plazo de entrega. La obra debió terminar en 150 días, desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018, sin embargo, concluyó 484 días después de que iniciaron los trabajos.

Dentro de este mismo proyecto, la Contraloría aprobó otro informe previo sobre la construcción de redes eléctricas y telecomunicaciones en Portoviejo y Bahía de Caráquez. Aquí se estableció que se incumplieron las especificaciones técnicas y los cronogramas de trabajo. Además, se determinó que realizaron pagos injustificados por $1.5 millones.

“Las obras inconclusas son un monumento a la corrupción, a la demagogia, a la oferta de campaña y al incumplimiento de las tareas con responsabilidad y la ausencia de leyes y normas que castiguen esta conducta anómala”, Germán Rodas Cháves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.

 “Hay normativas suficientes para sancionar a los funcionarios públicos que por acción u omisión no realizan los controles adecuados de la gestión pública”, Nicolás Salas, penalista.

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