Trabajadores marchan en su día

COLECTIVOS. Saldrán a marchar por diferentes puntos céntricos de la ciudad.

Sindicalistas e integrantes de diferentes organizaciones sociales se suman a la medida.

Después de dos años de ‘para’ por la emergencia sanitaria regresa la tradicional marcha del 1 de mayo a las principales avenidas y calles de Santo Domingo.

El Día del Trabajador nuevamente se celebra con una manifestación protagonizada por sindicatos, organizaciones sociales e integrantes de otros gremios.

Los protagonistas de la actividad ya preparan carteles, pancartas, vuvuzelas y frases de consignas en contra de las políticas actuales del Gobierno Nacional.

Detalles

Hasta el momento 20 organizaciones han confirmado su participación, eso significa que habría un promedio de 1.200 a 1.500 marchantes en Santo Domingo.

La concentración será el domingo 1 de mayo, a las 08:00 en el sector del Círculo de los Continentes. La marcha descenderá por la avenida 29 de Mayo hasta la calle San Miguel, continuará por la avenida Quito y el cierre está previsto en la avenida Tsáchila.

Postura

Rolando Carrión, presidente provincial del Frente Popular, dijo que hasta el momento 20 organizaciones han confirmado la participación y calcula que habrá un promedio de 1.200 manifestantes.

Señaló que será una actividad pacífica para recordar una fecha importante a nivel nacional. Sin embargo, aprovecharán para exponer sus descontentos contra las políticas actuales.

“Vamos a plantear todos nuestros requerimientos. Hay que recordar que el 1 de Mayo es un día de lucha, donde varios trabajadores perdieron su vida por lograr la reducción de 12 a 8 horas de trabajo diario’, expresó el dirigente.

Reclamos

Los integrantes de las organizaciones sociales critican el accionar del sistema judicial. Principalmente por los habeas corpus concedidos a favor de delincuentes de alta peligrosidad y a políticos involucrados en actos de corrupción, como es el caso del exvicepresidente Jorge Glas

Los reclamos también están orientados al precio de los combustibles, privatizaciones, manejo del IESS, políticas para cambiar el Código de Trabajo y al accionar de la Asamblea Nacional.

Julio César Mullo, integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, dijo que el pueblo está cansado de las políticas privatizadoras.

“No tenemos oportunidad de trabajo. Los créditos al 1 % y 30 años plazo han sido una mentira, si los dan es después de cuatro meses y a penas 500 dólares”. (JD)

EL DATO
En el 2020 el confinamiento evitó la marcha y en el 2021 solo hubo un plantón con pocos asistentes.

Marchan en contra de políticas gubernamentales

Dirigentes. Invitaron a la ciudadanía para que se sume a la actividad.

Una vez más los integrantes de diferentes organizaciones sociales saldrán a las calles de Santo Domingo para elevar su voz de protesta y rechazo al gobierno de Guillermo Lasso.

La concentración será mañana, miércoles 23 de marzo, a las 17:00 en el parque Zaracay. Posteriormente caminarán hasta la Gobernación de la provincia para entregar un manifiesto.

Rolando Carrión, representante del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo no estar de acuerdo en todas las privatizaciones y que exigen la aprobación de un nuevo código trabajo para garantizar salarios justos en el país.

“También queremos que se cumpla lo que está en la Ley Orgánica de Educación y que se invierta en la viviendas que hacen falta en el país”, expresó el dirigente.

Se prevé la participación de aproximadamente 12 organizaciones, cuyos integrantes caminarán con carteles en mano y gritando consignas en contra a las actuales políticas gubernamentales.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) también será parte de la jornada. Luis Mendoza instó a sus colegas a que salgan a las calles para exigir respeto a las reformas de la LOEI.

Ángel Choloquinga confirmó la participación del pueblo indígena y criticó la despreocupación de las autoridades nacionales. “No dan oídos, vamos a salir a las calles porque es el único camino de hacerles sentir que no están cumpliendo con las expectativas de los ecuatorianos”. (JD)

El dato
La marcha recorrerá por la avenida 29 de Mayo – Y del Indio Colorado – avenida Chone – avenida Quevedo y Abraham Calazacón hasta la Gobernación.

Organizaciones populares preparan movilizaciones

ACTIVOS. “Las entidades que pretenden ser privatizadas son rentables y financian las obras y servicios vitales, como la educación”, según Yasser Vera, vocero del Frente Popular.

Dirigentes y miembros de base de 10 organizaciones populares de Esmeraldas, estarán en Quito el próximo 8 de enero de 2022 en la asamblea nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

“En ese encuentro van a preparar las movilizaciones previstas para el 19 de este mes, que tienen como finalidad cerrar el paso a las privatizaciones que anuncia el Gobierno Nacional”, dijo Diana Coral, de la organización ‘Mujeres por el Cambio’.

Por su parte, el presidente del Frente Popular, Yasser Vera, informó que delegados la UNE, FESE, FEUE, afiliados al Seguro Social Campesino, de la Federación Democrática de Trabajadores y otras, han confirmado la comparecencia en la reunión preparatoria.

La Federación de Barrios Populares representada por Raúl Perea, también informó que viajarán a la capital del Ecuador y estarán presentes en las movilizaciones a realizarse a escala nacional.

A criterio de Perea, por ningún concepto debe permitirse que la industria petrolera, CNEL, CNT, Banco del Pacífico y otros  activos, patrimonio del pueblo ecuatoriano, vayan a parar a manos de la  empresa privada.

Organizaciones populares se preparan para protestas

PREPARATIVOS. Los maestros elaboran banderas y pancartas para las jornadas de exigencia al Gobierno.

Organizaciones  sociales de Esmeraldas anuncian jornadas de protestas para el 19 de enero de 2022.

Unas diez organizaciones sociales, gremiales y de trabajadores en Esmeraldas hacen preparativos para enero de 2022, año que, según el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), será de luchas, protestas y resistencia a escala nacional.

Sobre las calles de esta capital provincial habrá movilizaciones el 19 de enero para rechazar la anunciada privatización de la refinería, concesión del Puerto Comercial, subasta del Banco del Pacífico, Termoesmeraldas y CNT.

El líder del Frente Popular, Yaser Vera, argumentó que esas privatizaciones no se justifican, pues, se trata de empresas rentables que aportan significativamente al Erario y permiten financiar áreas como la educación, salud y programas sociales, así como generación de plazas de trabajo.

Por mejor presupuesto

Los maestros aglutinados en la UNE de Esmeraldas a través de su nueva presidenta, Yoryi Nazareno, confirmaron que serán parte de las jornadas de protesta.

Agregó que ellos irán a las manifestaciones y reclamarán, además,  presupuesto suficiente para educación, reingreso de docentes,  mejoras en los centros de enseñanza y vigencia plena de la LOEI.

La estudiante de la Universidad Luis Vargas Torres y militante del Frente de Izquierda Revolucionaria, Dennisse Montaño, informó que en la asamblea celebrada recientemente, los jóvenes resolvieron hacer presencia durante las marchas convocadas por el FUT.

“Vamos a demandar también la construcción del nuevo campus universitario y la reapertura de las extensiones universitarias”, refirió la universitaria.

FRASE

“Reclamaremos presupuesto suficiente para educación, reingreso de docentes,  mejoras en los centros de enseñanza y vigencia plena de la LOEI”.

Yoryi Nazareno, presidenta UNE.

 

Corrupción y falta financiamiento debilitan a las organizaciones sociales

Durante el Gobierno de Rafael Correa las organizaciones sociales le dieron su respaldo. Créditos- Richard Gómez

Durante el Gobierno de Rafael Correa las organizaciones sociales le dieron su respaldo. Ahora, las líneas políticas de sus líderes y la falta de financiamiento debilitaron su poder de convocatoria y visibilidad en las calles.  

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Red de Maestros por la Revolución Educativa fueron dos de las organizaciones sociales más grandes, que respaldaron al régimen de Rafael Correa. Estuvieron presentes en  marchas y contramarchas para defender el régimen.

Aunque perdieron capacidad de convocatoria y su presencia en las manifestaciones es menor, la Red de Maestros anunció que participará en futuras movilizaciones en el caso de que el gobierno de Lasso no regule el precio de los combustibles.

POLÍTICA. En las elecciones de febrero de 2021 la Red de Maestros mostró su respaldo a Andrés Arauz. Créditos- Facebook Red de Maestros
POLÍTICA. En las elecciones de febrero de 2021 la Red de Maestros mostró su respaldo a Andrés Arauz. Créditos- Facebook Red de Maestros

Organización y debilitamiento

La corrupción política y el financiamiento son dos de los motivos que han debilitado la estructura de estas organizaciones.

La CUT, que se creó en 2014, tuvo como plataforma de lucha defender los derechos de los trabajadores y también contribuir con el proceso revolucionario de Rafael Correa.

Sin embargo, Richard Gómez, actual presidente de la organización, ha mostrado su respaldo a las políticas del régimen de Guillermo Lasso, así como también su negativa a las movilizaciones convocadas desde otros frentes sociales en rechazo a las políticas del Presidente de la República.

Esto ha generado un debilitamiento en el poder de convocatoria del movimiento, así como divisiones internas, especialmente por motivos políticos.

Liliana Durán, exvicepresidenta de la CUT, quién pese a no dar muchos detalles de su administración dijo haberse alejado de la estructura por motivos de corrupción, “ahí se quedaron unos cuatro vivos”, comentó.

Por otra parte, aunque la Red de Maestros tiene 17 años en el país fue en 2015 cuando el expresidente Rafael Correa les entregó su personería jurídica para que actuaran en contrapeso a la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Wilmer Santacruz, coordinador nacional de la Red de Maestros, comenta que la agrupación no tiene ningún tinte político y que se limita a luchar por los derechos de los niños y los maestros. Además, señaló que han perdido visibilidad por “persecución política” y falta de financiamiento.

“En el Gobierno de Lenín Moreno nosotros nos manteníamos activos y reclamábamos la falta de inversión en la educación, pero fuimos parte de una intensa persecución”; destaca además que, el financiamiento de esta Red sale de sus propios recursos.

“Nosotros nos autofinanciamos y si no hemos salido a movilizaciones es por la falta de recursos que salen de nuestros bolsillos, de nuestros salarios”, destaca.

Organizaciones sociales como estrategia política de respaldo

Para el analista político y catedrático, Édgar Zamora, a veces los Gobiernos llegan con agendas políticas similares a las de las organizaciones sociales.

“Cuando esto pasa se producen procesos de cooptación, en los cuales imperan lógicas de subordinación. Es común que las organizaciones sociales terminen subordinadas al poder político de turno”, explica el experto.

Zamora también resalta que el respaldo de varias organizaciones sociales, en el Gobierno de Rafael Correa, se dio por prebendas a cambio de lealtades en el escenario político.

“Ahora, tenemos un Gobierno que cuenta con un programa político e ideológico opuesto a la mayoría de organizaciones sociales del Ecuador, como Conaie, Frente Popular, entre otros”, menciona.

No obstante, una de las soluciones más acertadas que tiene el Régimen actual es acercarse a estos grupos con ofertas programáticas y no negociaciones debajo de la mesa: transparentes, claras, con acuerdos específicos, dice Zamora.  (MFU)

Hoy vence el plazo para que el Gobierno responda a la Conaie

Luego del proceso de diálogo que se realizó entre el Gobierno y la Conaie, el pasado 10 de noviembre de 2021, el Presidente pidió un plazo de 15 días para analizar los seis planteamientos de la organización.

Pese a que en el conversatorio se llegó a un consenso en cuanto a la moratoria de créditos productivos, el control de precios de productos agrícolas y la educación intercultural bilingüe, todavía está pendiente un acuerdo sobre la fijación del precio de los combustibles.

El pasado 21 de noviembre, a través de sus redes sociales, la Conaie publicó un video en el que explica cuáles fueron los planteamientos que se realizaron al Ejecutivo en materia económica. “Se espera una respuesta del Gobierno Nacional para el 25 de noviembre”, cita el comunicado.

La Red de Maestros por la Revolución Educativa cuenta con alrededor de 94 mil integrantes a escala nacional. Mientras que, la CUT aglutina a más de 500 organizaciones sociales y sindicales.

Más fuerzas para la universidad estatal

Actividad. Se conformó la comisión para la creación de la universidad estatal.

Se conformó una Comisión Interinstitucional para que el proyecto educativo se concrete.

No más migración de jóvenes santodomingueños que anhelan una carrera profesional. Ese fue el principal objetivo para que se concentren los integrantes de diferentes organizaciones sociales, quienes definieron acciones enmarcadas a la creación de la universidad pública en la provincia Tsáchila.

La convocatoria fue masiva, algunos llegaron por convicción y otros con aparentes tintes políticos. Sin embargo, las fuerzas vivas aseguraron que no serán ‘apoyo’ de nadie que quiera iniciar con la campaña anticipada.

Acuerdos

Después de varias intervenciones se conformó la Comisión Interinstitucional al proyecto educativo, la misma que está liderada por Bolívar Chuquilla.

Chuquilla, hombre involucrado en la educación, hizo un análisis y resumen de lo que se ha conseguido hasta el momento. Concluyendo que la universidad sí será una realidad, «la Senescyt lo declaró proyecto emblemático».

Criticó el poco interés de autoridades locales y nacionales de épocas pasadas, aclarando que el sueño universitario nació hace más de tres décadas.

«Vamos a unirnos en un solo bloque, no podemos desperdiciar tiros al aire. Hemos esperado más de 30 años para vivir esta realidad, si tenemos que hacer una movilización social, lo haremos», expuso Chuquilla.

Desacuerdos

Una parte de los presentes estuvo en desacuerdo con varios nombres de los integrantes de la comisión, pero al final se hizo un conteo rápido y se los oficializó.

Carmen Carrión, integrante de la asamblea ciudadana, fue una de las primeras en criticar la nómina. Cree que se está dejando de lado a personas involucradas en la educación y que podrían ser un aporte importante.

Polibio Flores también es parte de las organizaciones sociales y llamó a la unidad de los santodomingueños para apuntar a un solo objetivo. «Es una necesidad de todos, no de las autoridades. Es importante la unidad del pueblo santodomingueño, si nos dividimos jamás vamos a tener la universidad».

Avances

Nadie se atreve a calcular el porcentaje del proyecto. También queda en duda la continuidad de la Junta Promotora de la universidad, porque a decir de varias personas el organismo ya cumplió las funciones arrogadas por la Senescyt.

Se calcula que hasta el momento se ha invertido un promedio de 1 millón 135 mil dólares. Estos rubros han sido destinados para la formalización de la entrega del terreno en comodato, estudio topográfico, estudio de la oferta de la demanda y el plan integral o masa.

Vigilantes

María José Paredes, representante del Consejo Consultivo de Jóvenes, se sumó a la propuesta de la asamblea ciudadana, pero alertó que todo se hará estrictamente a favor del proyecto universitario.

«Muchos llegaron a la Asamblea prometiendo la universidad y nunca lo cumplieron. Los jóvenes no vamos a permitir que el tema se haga político por la persona que mañana quiere ser alcalde o concejal, de Santo Domingo nadie se burla más», expresó. (JD)

Convocatoria
Liliana Silva, integrante de la Juventud Revolucionaria en el Ecuador, dijo que continuará vigilantes del respeto a la educación y de la creación de la universidad estatal para Santo Domingo. Anunció que habrá una movilización en busca de este proyecto, actividad que se prevé realizar el 29 de octubre.
Integrantes
Bolívar Chuquilla (coordinador), Miguel Méndez (secretario), José Luis Zavala, Víctor Baque, Jorge Garzón, Cristina Arana, Marco Cepeda, entre otros. Además, un representante de la Diócesis.
El dato
El alcalde Wilson Erazo dio el respaldo a la medida para que el Gobierno Nacional gestione los recursos económicos que hacen falta para plasmar el proyecto. (Aproximadamente 2 millones 400 mil dólares)

Inconformidad ciudadana sube con los combustibles

Desacuerdo. La ciudadanía pide que se pare el incremento mensual de los combustibles.

Organizaciones sociales harán una marcha en rechazo a la nueva inflación de la gasolina y diésel.

A partir de las 00:00 del domingo 12 de septiembre, los letreros de las estaciones de servicio mostraban los nuevos valores por cada galón de combustible.

Es parte del incremento prolongado que se refleja cada mes por la eliminación del subsidio. La medida fue adoptada durante el régimen de Lenín Moreno, pero el presidente actual, Guillermo Lasso, ha ratificado que no se harán correcciones.

Actualmente el galón de la gasolina súper cuesta $ 3.39, la extra $ 2.39 y el diésel a $ 1.65. Los nuevos valores son rechazados por los dueños de medios de transporte, especialmente aquellos de servicio público y comercial.

«Entristece ver que suben los combustibles cada mes, sin importarles la economía de los conductores. Esto significará el encarecimiento de la canasta básica, porque de ley habrá recargos económicos en los productos que adquiere el consumidor final», expresó Hugo Zambrano, quien hace fletes en una camioneta.

Los colabores de taxis también muestran su oposición. Muchos aseguran que el incremento tiene que ser financiado con sus utilidades diarias, situación que los perjudica directamente.

«Hay sobredemanda de taxis y tenemos que rodar para coger carreras. El dueño exige su diario, entonces son nuestras ganancias las que se tocan y en estos tiempos está malo el trabajo por la pandemia», expresó Alfredo Basurto.

Anuncian marcha

La falta de respuestas por parte del Ejecutivo ha generado la reacción ciudadana. Trabajadores, maestros, estudiantes y varias organizaciones sindicales marcharán este miércoles 15 de septiembre de 2021 por diferentes puntos céntricos de Santo Domingo.

A través de la convención nacional número 14, realizada en Quito, se determinó que se continuará con la lucha por la derogatoria de los Decretos que quitan los subsidios a combustibles. Además, rechazan la Ley de Oportunidades, porque creen que en la práctica solo vulnera derechos de los trabajadores.

Rolando Carrión, presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales (FUOS), manifestó que también se solicita eliminación de la jubilación patronal, indemnización por los despidos intempestivos, el 30% de recargo a los contratos ocasionales, entre otras cosas.

Jornada

La marcha iniciará a las 16:30 del miércoles 15 de septiembre. El punto de concentración será la Y del Indio Colorado y recorrerán varios tramos hasta llegar a los exteriores de la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas.

«Se tiene la confirmación de varias organizaciones, irán con su contingente para pedir respeto a los trabajadores y que se cumpla con lo prometido en campaña. No se está viendo mejoras en nuestro país, falta mucho por hacer y remediar», sostuvo Carrión.

Omar Párraga, vicepresidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador Santo Domingo (FESE), refirió que se están organizando para apoyar y estar presentes en representación del estudiantado.

La idea es que los consejos estudiantiles de cada unidad educativa se sumen a la convocatoria. «Estaremos presentes en esta marcha pacífica, donde buscamos que se respeten los derechos de los trabajadores. Pediremos que se concrete y se ejecute la universidad para Santo Domingo «, indicó Párraga. (JD/IJ)

El dato
La Unión Provincial de Transporte Pesado de Santo Domingo, a través de sus redes sociales dio a conocer su rechazo ante el nuevo precio.

Mesas técnicas para enfrentar las jornadas de protestas

Marchas. Protestas sociales de la UNE a escala nacional por falta de respuesta estatal.

El diálogo sigue siendo una deuda pendiente del presidente Lasso. Organizaciones sociales anuncian radicalizar la protesta, si es que el Gobierno no se abre al diálogo.

El presidente Guillermo Lasso anunció que prevé reunirse con diversos sectores sociales la próxima semana; pero enfatizó que no cederá ante la amenaza.

Maestros y trabajadores se movilizaron a escala nacional este 11 de agosto de 2021. El objetivo fue exigir al Gobierno y a las entidades de justicia respuestas y celeridad en sus demandas sociales.

También, productores arroceros cerraron vías en Guayas en reclamo de un mayor precio oficial de la saca de su producto. Mientras que agricultores de Los Ríos bloquearon carreteras en demanda de la intervención estatal para fijar y controlar precios oficiales.

Para enfrentar estas jornadas de movilización nacional y anuncios de radicalización de medidas de hecho, dirigentes gremiales y organizaciones de derechos sostienen que el presidente Lasso debe abrir el diálogo para escuchar a los maestros y trabajadores.

Milton Luna, representante de la organización Contrato Social, señala que es necesario un Pacto Fiscal por la Educación, que permita garantizar el derecho a la educación y levantar una propuesta de financiamiento para la implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOIE).

Este Pacto conformado por el Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil sería una respuesta concreta de diálogo para el sector educativo, enfatiza Luna.

Con él coincide José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que plantea que el Gobierno debe dar respuestas a las demandas sociales.

Señala que el presidente no ha cumplido con ser el ‘Gobierno del encuentro’, pues el 1 de julio, los sindicales solicitaron por escrito una reunión con el Primer Mandatario y este pedido no obtuvo respuesta y fue enviado al Ministerio de Trabajo, enfatiza Villavicencio.

Para el dirigente sindical, el Gobierno necesita escuchar y dialogar con todos los sectores laborales para crear un solo Código de Trabajo, debido a que la creación de otra ley paralela sobre derechos laborales permitirá que se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores.

Su argumento se basa en la promulgación de varias leyes, aprobadas en la última década.

2011,  Decreto 283: permitió la compra de renuncias voluntarias (obligatorias).

2015,  Ley de Justicia Laboral: eliminó el 40% de las pensiones jubilares.

2015, Ley de Empleo Juvenil: quitó el 1% de cesantías a los trabajadores y eliminó el salario básico para las personas que realizan prácticas pre profesionales.

2020, Ley Humanitaria: generó que más de 1.200 millones de personas perdieran el empleo  bajo el argumento de cierre por fuerza mayor. Hasta el momento, 11 de agosto de 2021, los despedidos no han podido cobrar los beneficios de ley.

2021,  Ley de Oportunidades: permite la flexibilización laboral y se la está construyendo sin la participación de todos los sectores sociales. (MC)

Propuestas de los sindicatos

Frente a la promulgación de la normativa en materia laboral, las organizaciones sindicales plantean abrir el diálogo para la construcción de un código orgánico de trabajo que garantice los derechos laborales, tanto para los trabajadores como de las personas que se encuentran buscando trabajo.

El presidente Lasso ha dicho que las organizaciones sindicaleslas organizaciones sindicales del país representan a las minorías y no a todos los trabajadores. Villavicencio responde que el Gobierno debe dialogar con todos los sectores sociales.

La norma que regule al sector laboral debe garantizar el empleo para todas las personas con salario digno, con derecho a la contratación colectiva y con derecho a la seguridad social donde se establezcan horario y jornadas de trabajo con los beneficios de ley, dice el vicepresidente del FUT.

“Planteamos  para la juventud, que pueda trabajar cuatro horas diarias y 80 horas al mes con la proporcionalidad de los beneficios que establecen la ley como el décimo tercero y cuarto”. Además, agrega que levantar el discurso de que “no hay peor precarización que no tener trabajo” puede violentar los derechos históricamente ganados, como la jornada de ocho horas.

Otras de las demandas sindicales son:

– Derogación de los tres decretos que liberan el precio del combustible. La organización plantea el congelamiento y mesas de trabajo que analicen si es viable o no la focalización.

– Seguridad social: Pago de la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Para ello, plantea que el Gobierno se pronuncie y cree un plan de pago a corto y largo plazo.

Pacto fiscal para la educación

La Corte Constitucional es el organismo encargado de resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada a la LOIE.

En la reforma a esta norma vigente desde abril de 2021 se establece la remuneración de $1.000 para los docentes. Esta disposición ha generado preocupación y la demanda de inconstitucionalidad porque no se preveyó de dónde saldrán los recursos económicos.

Milton Luna, de Contrato Social, explica que fue responsabilidad de la Asamblea Nacional y del expresidente Lenin Moreno garantizar que la ley tenga un informe de financiamiento. Sin embargo, al no hacerlo plantea dos salidas para dar respuesta a este problema.

Primero, la Corte Constitucional debe devolver la reforma a la Asamblea Nacional para que se haga el estudio del financiamiento.

Segundo, impulsar un Pacto por la Educación que permita sostener lo aprobado en la reforma a la LOIE. Este Pacto será integrado por el Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil para dar una respuesta concreta a los docentes. Esto mediante una mesa técnica de trabajo.

Para Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, el gremio de profesores ha buscado el diálogo y se formaron estas mesas de concertación, pero el Gobierno no acudió. Hace unos días el viceministro de Gobierno, Homero Casatanier, informó que no entablarán ningún plan de trabajo hasta tener la resolución de la Corte Constitucional.

La propuesta de la UNE para mantener lo aprobado en la norma es que el Estado ecuatoriano restituya el monto que redujo del presupuesto a la educación en 2020 y que se ponga ‘mano dura’ para el cobro de impuestos a los sectores empresariales.

Pero el salario no es lo único reformado en la LOIE. Luna asegura que la normativa garantiza el derecho a la educación; por ejemplo, la apertura de cerca de 6 mil escuelas comunitarias cerradas. En ese sentido señala que la decisión de la Corte Constitucional no debe afectar a otros articulados aprobados en la reforma.

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