El Gobierno gestiona un préstamo para la crisis carcelaria

Una de las medidas ha sido reforzar la presencia militar y policial en la ‘Penitenciaría del Litoral’.

El ministerio de Economía busca un crédito con el BID por $45 millones y otros $10 millones se transferirán directamente del presupuesto estatal.

La crisis carcelaria, que suma tres grandes matanzas solo en 2021, necesita decisiones para enfrentarla; pero también recursos para realizar mejoras y cambios en el sistema.

A través de un comunicado, el ministerio de Economía anunció este 17 de noviembre 2021 que se destinará un total de $55 millones para concretar esos propósitos.

De acuerdo con la cartera de Estado, actualmente se está gestionando un préstamo de $45 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esos recursos servirán para mejorar los servicios de rehabilitación social y de seguridad, a través de un programa de inversión que será ejecutado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) y la Corte Constitucional.

Por otro lado, el Ministerio aseguró que se han asignado $10 millones de recursos provenientes del Presupuesto General del Estado (PGE). Esos fondos servirán para atender los temas más urgentes de la emergencia carcelaria, de acuerdo con «los requerimientos realizados por las entidades correspondientes».

El detalle de la distribución y destino es el siguiente:

  •  $8’829’353 para el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI). El objetivo es mantenimiento de edificios y obras civiles; adquisición de equipos y materiales para el control y vigilancia de los centros de privación de la
    libertad en todo el país; adquisición de vehículos y materiales para control; pagos de servicios básicos, entre otros.
  • $1’200.000 para la Policía Nacional. Los recursos irán a la dotación de combustible; y mantenimiento, repuestos y accesorios del parque automotor para aumentar el
    patrullaje a escala nacional.
  • $57.500 para Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El objetivo es la compra de repuestos y accesorios del parque automotor para trasladar a personal médico forense a la ciudad de Guayaquil y otros gastos de viaje. (JS)

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Asamblea conocerá hoy el informe sobre crisis carcelaria

La presidenta de la Asamblea sometió a votación un cambio en el orden del día, que fue aprobado.

La sesión inició con 127 asambleístas presentes. Se prevé que la lectura y aprobación del informe se alargue durante todo el día.  

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó al Pleno para conocer y resolver el informe sobre la crisis carcelaria, aprobado por la Comisión de Seguridad.

El informe, de aproximadamente 500 hojas, establece alrededor de 75 recomendaciones y 53 conclusiones que se basan en políticas públicas de rehabilitación social, sistema de seguridad, seguridad fronteriza y presupuesto.

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que para la realización de este informe se viene «realizando un proceso de fiscalización, levantamiento de información y análisis, desde mayo».

Asimismo, pidió al Pleno y al Presidente, acoger las observaciones que se han hecho en este informe y no demorarse en tomar decisiones y acciones.

«Las recomendaciones que ha anunciado el Presidente son débiles, muchas de ellas obvias. Que no haya celo y que se acojan a nuestro trabajo», dijo durante una entrevista radial en donde también hizo un llamado de atención a Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, porque -según Narváez- es la encargada de la reparación con las víctimas (de la matanza en la ‘Penitenciaría del Litoral), acto que «quiere encargar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); Ordóñez trata de lavarse las manos», afirmó.

Previo a la convocatoria, la comisión mantuvo una reunión para analizar la Ley para el Uso Progresivo de la Fuerza.

Según se indicó desde el departamento de comunicación del presidente de la comisión, se prevé que el debate y aprobación del informe se extienda durante el día debido al volumen del informe y las observaciones de los legisladores.

La sesión inició con la presencia de 127 asambleístas y, hasta el momento, ya hay un cambio en el orden del día que se aprobó con 114 votos afirmativos. Este fue propuesto por Sofía Espín (UNES) para tratar el proyecto de resolución que declare cada 15 de noviembre, de cada año, como Día Histórico de la lucha obrera en el Ecuador. (MFU)

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Dominio de bandas en cárceles impide negociaciones del Gobierno

DECISIONES. Faltan 12 días para que termine el estado de excepción por emergencia carcelaria.

A lo largo de la historia los ‘tratados de paz’, entre Gobiernos y grupos delictivos, han sido una estrategia para detener la violencia, pero Ecuador no está en la capacidad de hacerlo.

¿Debe el Estado ecuatoriano negociar con grupos delictivos para frenar la violencia en las cárceles? Para los expertos en seguridad, Mario Pazmiño y Daniel Pontón, la verdadera pregunta es: ¿Está el Gobierno de Guillermo Lasso en la capacidad de negociar con bandas narco-criminales?

Antes de tener una respuesta es necesario saber que a lo largo de la historia, los líderes de países en conflictos sociales con altos grados de violencia han optado por acuerdos de paz. El ejemplo más cercano es Colombia.

Resultados de corto plazo

En 2002, el presidente de Colombia Álvaro Uribe inició una negociación abierta y formal con grupos paramilitares. A inicios de 2003 se alcanzó un acuerdo. En 2005, el Congreso colombiano emitió una ley para el acuerdo de paz con sentencias reducidas y no extradición. A cambio, los paramilitares tenían que hacer una confesión plena de sus delitos, entregar sus bienes mal habidos y otras formas de reparación para las víctimas.

Entre 2002 y 2006, el número de homicidios y secuestros descendió 50% y 80%, respectivamente.

Sin embargo, para 2009 las tasas de homicidio volvieron a subir ya que una ‘piedra angular’ del conflicto guerrillero no ha tenido solución: el narcotráfico.

Daniel Pontón,  analista de seguridad y catedrático, dice que las condiciones no son similares, pues cuando hubo estas negociaciones los grupos guerrilleros estaban debilitados. En las cárceles de Ecuador, las bandas delictivas, tienen cada vez más poder.

“En el momento actual (cárceles de Ecuador) los que pondrían las condiciones son los PPL (personas privadas de la libertad) y no el Estado”, dice.

Negociar “la paz” en estos momentos avivaría el ego de los delincuentes y les haría creer que si se vuelven suficientemente violentos pueden recibir un trato de privilegio estatal.

Desorden entre fuerzas del orden

Mientras no se arreglen las disputas entre instituciones, las matanzas continuarán.

El presidente, Guillermo Lasso, ha señalado que la Corte Constitucional no permite que actúen los militares dentro de cárceles. La Comandante General de la Policía, Tannya Varela, ha criticado a los jueces y “se nota que hay una desconexión entre Policía, Fuerzas Armadas y el SNAI (Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad)”, destaca Pontón.

Solo así se puede poner en marcha un proyecto de reestructuración del sistema penitenciario. Y solo así se podría dar paso a procesos de negociación en los que el Estado cede espacios a los presos para la administración de la vida penitenciaria. “Pero aquí no se ha cedido solo el espacio sino el control económico, administrativo. Hay una renuncia del Estado a la capacidad de tener el control de las cárceles (…) por qué hay presos con tantos privilegios, ¿cómo así tienen ellos el control de la cárceles?  Y el Estado no se inmuta”, cuestiona Pontón.

Estado con poca capacidad operativa

Cerca de siete horas pasaron antes de que la Policía Nacional intervenga en la penitenciaría del Litoral, donde 62 personas murieron, entre el 12 y 13 de noviembre de 2021. La Comandante General de la Policía dijo que los presos usaban armas de todo tipo y que la institución, por falta de contingente, decidió no entrar para evitar que pase “algo peor”.

Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, indica que este mensaje es erróneo. “Porque la institución militar y policial no espera a que las condiciones sean favorables para poder actuar. La Fuerza Pública actúa en cualquier tipo de condiciones y bajo condiciones adversas, si no es así estamos perdidos”.

Pontón agrega que no hay falta de armamento, sino de capacidad operativa.

 ¿Cómo retomar el control?

Pazmiño indica que una solución es que la Policía Nacional se haga cargo de las cárceles por, al menos, dos años. Tiempo en el que el Estado debe preparar guías penitenciarios y aumentarlos.

Para él, si se mantiene la prohibición de ingreso de militares, la agitación en cárceles va a escalar. Pontón concuerda y dice que llegará un punto en el que, ni los líderes de pabellones podrán hacer algo. El sistema carcelario –advierte– se está encaminando hacia un modelo de anarquía y de instalar una necropolítica en el que se mata sin razón alguna, ni por control, ni por espacio, ni por guerras de bandas.

Para esto es urgente que se reduzca el hacinamiento (bordea el 38%), que haya condiciones de vida dignas, separación de pabellones y procesos ágiles de sentencia. (AVV)

Masacres 2021

Cárceles Ecuador

23 de febrero de 2021

  • Cárcel de Turi: 34 muertos
  • Regional del Guayas: 31
  • Cárcel de Cotopaxi: ocho
  • Penitenciaría del Litoral: seis

Total: 79 muertos

21 de julio de 2021

  • Cárcel de Cotopaxi: 8 muertos
  • Penitenciaría del Litoral: 19

Total: 27 muertos

 28 de septiembre de 2021

 Penitenciaría del Litoral: 118 muertos

 12 y 13 de noviembre de 2021

Penitenciaría del Litoral: 62 muertos

Fuente: SNAI

El presidente Guillermo Lasso no ha mencionado negociaciones con presos, pero sí un proceso de diálogo.

“El problema de los tratados de paz es que siempre va a estar en juego, en entredicho, el tema de la impunidad. Yo creo que las matanzas en las cárceles no deben quedar impunes”, Daniel Pontón, catedrático y analista de seguridad.

“El Estado no puede negociar en una posición de debilidad. Debe entrar a negociar con las megabandas siempre y cuando tome el control de las cárceles. Ahí puede establecer ciertos tipos de condiciones”, Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

“Los procesos de pacificación negociada con grupos criminales son moral  y políticamente muy complicados”, Alejandro Hope, analista en seguridad mexicano.

Duplicar el ingreso por ecuatoriano tomará 175 años

CONTRADICCIÓN. Los ingresos de los ciudadanos son bajos, pero el Estado gasta mucho.

El Gobierno está en medio de una encrucijada: Es posible arreglar las cuentas fiscales sin cortar las alas al crecimiento y la generación de empleo.

El Gobierno de Guillermo Lasso proyecta que la economía ecuatoriana no crecerá más del 2,54%, en promedio, durante los próximos años hasta 2025.

Ese porcentaje está apenas 0,4% por encima del incremento poblacional y no alcanza para mejorar sustancialmente la calidad de vida y las oportunidades, sobre todo de los estratos más pobres.

A ese ritmo, y sin un cambio real en el modelo económico, al país le tomará 175 años duplicar su ingreso por ecuatoriano. Ese ingreso ya retrocedió 10 años con el golpe de la pandemia.

En otras palabras, se necesitará el esfuerzo de casi tres generaciones para llegar a los niveles de desarrollo, empleo y capacidad de consumo que actualmente tienen sociedades en la región como Panamá, Uruguay, Chile o Costa Rica.

Actualmente, la economía nacional produce un ingreso per cápita de $443 mensuales; mientras en otros países se genera más de $1.000.

Las metas de generar 2 millones de empleos adicionales en cuatro años y subir el Salario Básico Unificado hasta $500, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, dependen de que el crecimiento económico sea superior al 4%. Solo así, las empresas podrán contratar más y con sueldos más altos.

De acuerdo con Francisco Swett, exministro de Economía, la razón de fondo del bajo desempeño esperado es que, a pesar de las promesas de campaña, el Gobierno ha optado por seguir reproduciendo la lógica de los últimos 14 años:  eludir el recorte del gasto público improductivo; y seguir financiando el despilfarro con más deuda.

Más esfuerzo para el mismo saco roto

Como candidato, Guillermo Lasso repitió muchas veces que “más vale un dólar en el bolsillo de cada ciudadano que en la caja de un Estado despilfarrador”.

Sin embargo, como Presidente ha propuesto una reforma tributaria donde se vuelve a pedir un esfuerzo a los pocos que ya pagan impuestos; pero el ajuste en el gasto público se concentra en la inversión y no en la reducción de la burocracia.

De los más de $4.200 millones de recorte acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), menos de $1.000 millones tiene que ver con una verdadera optimización de procesos ineficientes, tramitología excesiva y mejoras en la contratación pública.

El economista Walter Spurrier, director de Análisis Semana, cuestiona que el gasto en sueldos no solo que no se reduce, sino que continuará creciendo.

Desde los sectores liberales, que en teoría deberían ser el principal apoyo del actual Gobierno, se asegura que los más de $9.000 millones anuales en burocracia son insostenibles.

El recorte en ese sector debería ser de alrededor de $1.800 millones para que tenga relación con el tamaño y la capacidad de la economía nacional.

Esos $1.800 millones, que no se están ajustando en el Estado, son los que se pide ahora a la ciudadanía por medio de más impuestos a través del proyecto de ley llamado de Desarrollo Económico.

En este contexto, se le quita liquidez al sector productivo y a los pocos sectores que pueden impulsar el consumo; mientras la economía sigue sin crecer a los niveles que se necesitan. (JS)

En los próximos se gastará más de $36.000 millones en pagar deudas y menos de $13.000 millones en inversión.
El ingreso mensual por ecuatoriano no supera los $443; mientras en Uruguay o Chile se supera los $1.000

¿Vuelve a triunfar el “consenso socialdemócrata”?

Según Gabriela Calderón, investigadora del Cato Institute, en Ecuador no se ha implantado nunca un modelo realmente liberal (menos neoliberal), sino que se mantiene un consenso  socialdemócrata, donde se da por hecho que el  Estado debe intervenir para promover determinadas industrias, proteger a otras de la competencia, fijar precios oficiales, redistribuir los ingresos mediante un sistema tributario progresivo, rescatar instituciones financieras socializando las pérdidas de privados, entre otros.

“Este consenso ha causado más daño porque no tenemos instituciones sólidas y fácilmente deriva en autoritarismo, corrupción y despilfarro”, dijo.

Por eso, se considera que el actual enfoque del Gobierno de Guillermo Lasso es una claudicación a más de lo mismo. Y, en el camino, se ha ido dejando de lado casi todos los cinco pilares de la propuesta del Foro Libertad y Prosperidad: (1) que los trabajadores sean dueños de sus ahorros, eligiendo quién los administra; (2) internacionalizar el sistema financiero para aumentar la oferta de crédito y bajar las tasas de interés; (3) apertura comercial para beneficiarnos de la división internacional del trabajo; (4) reducir el tamaño del Estado y bajar la presión tributaria; (5) flexibilizar el mercado laboral.

“El denominador común de las cinco propuestas es darles mayor libertad económica a los ecuatorianos, facilitándoles el desarrollo de sus proyectos de vida y conduciendo al país hacia una mayor prosperidad. La evidencia demuestra que las economías más libres son las más prósperas”, concluyó Calderón.

El PIB por ecuatoriano retrocedió 10 años con la pandemia | Diario La Hora

No será obligatorio asistir con uniforme a clases presenciales

VENTA. Los uniformes que más se venden por ahora son los de educación física.

Más de 32 mil estudiantes acuden a clases presenciales en la provincia. No hay obligatoriedad para que asistan con uniformes.

En caso que el Comité de Operaciones Emergentes (COE) Nacional autorice el regreso del 100% de los estudiantes a los centros educativos del país, el Ministerio de Educación, informó que no será obligatorio el uso del uniforme para que retornen a la presencialidad. Algunos planteles en la provincia han optado por solicitar únicamente el uniforme de educación física y no del diario.

Amanda Torres, madre de familia, manifestó que su hijo regresó a clases presenciales la semana anterior, las autoridades del plantel les pidieron únicamente el uniforme de educación física, para evitar gastos exagerados en esta pandemia. “Pero igual a nosotros nos tocó comprar el terno, porque el anterior se quedó pequeño, luego de dos años que no hubo presencialidad. En mi caso gasté cerca de 35 dólares, incluida la mochila que también estaba en mal estado”, dijo.

Según el coordinador Zonal 7 del Ministerio de Educación, Camilo Espinosa, manifestó que la ministra ha sido clara, que luego de pasar por estos duros momentos a causa de la pandemia del Covid-19, no es el momento para volver a las exigencias normales, como pedir que los estudiantes estén correctamente uniformados o que compren su lista de útiles escolares. “En esta ocasión hay flexibilidad, entendiendo la situación económica de los hogares, por eso es que el uniforme no es requisito indispensable para ir a las aulas”, reveló.

Indicó a la vez que puede haber excepciones, en el caso de la educación fiscomisional o particular, que mediante un acuerdo con los padres de familia, se pueda llegar a un entendimiento para uniformarse o no. “Todo es optativo. Igual ocurre con los útiles escolares, no se pide más que lo básico, pero si padres de familia y autoridades deciden incurrir en gastos mayores, ya queda a libre elección, sobre todo en la educación privada”, acotó. Si en caso de que algún plantel educativo exija la obligatoriedad del uso de uniforme, los padres de familia deben acudir al Distrito del Ministerio de Educación e implementar las acciones legales que sean pertinentes.

Comercio por los suelos

La situación en los locales comerciales y de venta de uniformes es crítica, el comercio no se ha reactivado, continúan las ventas en un 10% desde septiembre, una vez que inició el año lectivo régimen Sierra-Amazonía. “No ha cambiado la situación, pese a existir clases presenciales seguimos como antes, lo que más se vende son los uniformes de educación física, los del diario casi nada. En mi caso, tengo trajes de todos los colegios de Loja, la gente compra poco, pese a que bajamos los precios en un 3 y 5% para que la gente adquiera”, reveló Efrén Vélez, propietario de un local deportivo en la ciudad.

 

EL DATO

Un uniforme deportivo (5 piezas) oscila desde los 28 dólares en adelante, dependiendo de la talla y calidad de tela.

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En Los Ríos la pandemia estaría controlada

No se reportan incrementos de casos positivo de Covid-19 en Lo Ríos.

La capacidad de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la localidad no llega ni al 10% en cuanto a las salas UCI. 

QUEVEDO • A pesar que en otras provincias se ha registrado el incremento de casos Covid, y a su vez la ocupación en los hospitales, las casas de Salud en Los Ríos no registran demanda de pacientes contagiados con el virus

Durante los meses de septiembre y octubre la cifra de nuevos casos se redujo de 77 a 61. Mientras que, en lo que va de este mes ya se han contabilizado 28 pacientes con Covid positivo, según el reporte del Ministerio de Salud.

Incluso, tras haber superada la etapa crítica de la emergencia sanitaria, el hospital General de IESS Babahoyo, procedió a la devolución de cuatro ventiladores mecánicos cedidos por la Universidad Técnica de Babahoyo, para el tratamiento de pacientes afectados por el coronavirus.

COE analiza incremento de casos de la Covid en cantones de la zona norte de Los Ríos

Detalles

Sobre la situación en Quevedo, la presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Lorena Rojas, informó que, según el reporte que han tenido desde el hospital del IESS, en este momento no se evidencia ningún caso nuevo de  Covid. Solo estarían hospitalizados dos personas, que son pacientes de otras provincias y que al parecer se complicaron por no haberse vacunado. La funcionaria detalló que han sido más de 900 contagios de Covid-19 que se han dado desde enero hasta noviembre, más el único caso de la sepa MU que tuvo su inicio en Quevedo, pero no trascendió. “Por Covid no tenemos muertes, lo que nos da una sensación de que la vacuna está haciendo su efecto”, puntualizó Rojas. (LRU)

13.215 CASOS de Covid se han registrado en Los Ríos desde que inició la pandemia, hasta ahora.
Casos de Covid confirmados desde el 29 febrero de 2020 hasta 07 noviembre 2021
Cantón                                     Casos
Baba                                         361
Babahoyo                                   3.968
Buena Fe                                     840
Mocache                                      156
Montalvo                                     553
Palenque                                     394
Puebloviejo                                  379
Quevedo                                    2.698
Quinsaloma                                   356
Urdaneta                                     535
Valencia                                     571
Ventanas                                   1.406
Vinces                                     1.018

Judicatura, uno de los culpables de la crisis carcelaria

El informe recomienda una política pública enfocada en Política Criminal y Derechos Humanos.

El abuso de la prisión preventiva y muchos privados de la libertad sin sentencia están entre las causas del hacinamiento y crisis carcelaria en general.

Para este 8 de noviembre a las 16:00 está previsto que se realice el debate y la aprobación del Informe de la investigación sobre la crisis carcelaria, inseguridad ciudadana y seguridad en las fronteras.

El documento, que contiene 53 conclusiones y 74 recomendaciones, dirigidas a diferentes entidades del Estado, de acuerdo con Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea, quien destaca que se trata de una “radiografía” de varias instituciones públicas y su falta de acción frente a la inseguridad por la que atraviesa el país.

La principal conclusión del informe, dice Narváez, es que el Estado le ha dado la espalda al Sistema de Rehabilitación Social. Esto, comenzando por la estructura inadecuada de la máxima entidad que regula el tema carcelario: el Directorio del Organismo Técnico.

Por ejemplo, Narváez explica que la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y los ministerios de: Deporte, Educación, Cultura, inclusión Económica y Social, Salud, entre otros, “han incumplido sus competencias en el proceso de rehabilitación social”.

Esto ha generado hacinamiento en las cárceles, infraestructura inadecuada, pérdida de soberanía al interior de los Centros de Rehabilitación Social, entre otras graves consecuencias que destaca Ramiro Narváez, por lo cual el informe concluye en que el Estado no tiene una política pública para generar un proceso de rehabilitación social adecuado.

“Las condiciones al interior de las cárceles son terribles, hay una violación de Derechos Humanos permanente; no hay agua, medicinas, ni programas, actividades o profesionales que garanticen un proceso de rehabilitación adecuado”, agrega Narváez y enfatiza en que esto representa una amenaza constante para la seguridad del Estado porque quienes salen de la cárcel tienen una alta probabilidad de volver a cometer delitos.

A esto se suma la inacción por parte del Sistema de Judicial del país. El informe determina que ha habido un abuso de prisión preventiva, porcentaje alto de presos sin sentencia, falta de beneficios penitenciarios (por varios motivos) porque no se cuenta con jueces de garantías penitenciarias y defensores públicos que tramiten estos procesos.

“El Consejo de la Judicatura es responsable de garantizar la eficiencia y eficacia del sistema judicial y no lo ha hecho. Esta es una de las instituciones responsables de esta crisis”, resalta Ramiro Narváez.

Recomendaciones:

Entre las recomendaciones que se mencionan dentro del informe están cambiar el Modelo de Gestión del Sistema de Rehabilitación Social; para eso se sugiere garantizar un presupuesto adecuado que permita mejoras en infraestructura, dotación de tecnología, incremento de agentes penitenciarios (en la actualidad hay 1.600 y se requiere 4.500) que deben ser debidamente seleccionados, capacitados y dotados de herramientas que les permita controlar y realizar su trabajo.

La separación de las personas privadas de libertad (PPL) es otra sugerencia sobre la cual se enfatiza en el documento. “Este es un tema urgente. Aquellos que están detenidos por delitos menores deben estar separados de quienes cometen delitos graves; los violentos de los no violentos”, señala el Presidente de la Comisión.

Finalmente, se hace una recomendación al fortalecimiento del rol del Sistema de Inteligencia del Estado a través del Subsistema de Inteligencia Penitenciario, el cual debe cumplir un rol de prevención de posibles amotinamientos, violencia y desarticulación de organizaciones delictivas que están constituidas la interior de las cárceles.

El informe está listo y será presentado este 8 de octubre para su aprobación en la Comisión de Seguridad para, una vez aprobado, ingresarlo al Pleno de la Asamblea. (MFU)

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Gobierno pide a la Iglesia intervenir en crisis carcelaria

En lo que va de 2021, en las cárceles del país se registran 250 muertes violentas.

Pese al estado de excepción, los enfrentamientos y muertes han continuado, especialmente en la Penitenciaría del Litoral. 

“Se ha solicitado la intervención de la Iglesia católica y de organizaciones de carácter académico que tienen que ver con el manejo interno de las prisiones”, señaló en una entrevista televisiva, Alexandra Vela, ministra de Gobierno.

Vela detalló que involucrar a la Iglesia tiene como objetivo «pacificar el interior de las cárceles“. Ya el 22 de octubre de 2021 (un mes después de la matanza en la Penitenciaría. que dejó 119 muertos) monseñor Luis Cabrera, presidente de la Confederación Episcopal Ecuatoriana, hizo una invitación a promover el diálogo tras la crisis carcelaria y política que vive el país. “El dolor y la preocupación vivida por las muertes sangrientas en las cárceles y calles de nuestras ciudades han enlutado al Ecuador entero”, dijo en un comunicado, el sacerdote.

Estado de excepción de papel

La Corte Constitucional señaló, el 6 de octubre de 2021, la emergencia carcelaria era constitucional, siempre que las Fuerzas Armadas limitaran su control al exterior de las cárceles.

Esto hizo que únicamente la Policía y guías penitenciarios estén al interior de los centros de rehabilitación. Sin embargo, entre septiembre y octubre ha habido 11 reos muertos por aparente suicidio, cuatro nuevos intentos de amotinamiento con balaceras al interior y requisas periódicas donde se siguen encontrando armas, drogas y celulares. Todo esto durante el estado de excepción que el Gobierno decretó.

Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia del ejército nacional, dice que no se podrá controlar las bandas mientras la estructura carcelaria “esté viciada”. Indica que existe una falta de control, profesionalismo, ética y precaria selección de guías y administradores que no permite ‘cortar de raíz’ los problemas que aquejan al sistema.

Con Pazmiño concuerda Daniel Pontón, catedrático universitario experto en seguridad, quien califica las estrategias de trabajo en las cárceles como ‘paliativas’, que una vez que termine el estado de excepción todo volverá a lo de antes.  “Es una especie de crisis repetitiva que estamos evidenciado. Las crisis se relacionan a un tema de limitación de recursos”, agrega.

Iglesia y conflictos sociales

Esta no sería la primera vez que la Iglesia interviene en conflictos políticos. En octubre de 2019, en la mesa de diálogo entre la Conaie y el Gobierno de Lenín Moreno – que buscaba frenar el paro de octubre– hubo representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas.

Para Álvaro Garrido, sociólogo experto en seguridad, el hacer un llamado a la Iglesia puede ser contraproducente pues «envía un mensajes de que la Fuerza Pública no ha funcionado. Que se está bajando loas brazos ante la violencia de las bandas carcelarias, lo que solo incrementaría su ego», agrega. (AVV)

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Las deudas se siguen acumulando y el Gobierno no tendrá forma de pagarlas a partir de 2026.

El escenario que enfrenta Ecuador es parecido al de una familia que, en los últimos cinco años, se le han congelado los ingresos, pero los gastos y las obligaciones por pagar se siguen acumulando.

Desde finales 2014, la economía ecuatoriana se estancó y se comenzó a perder empleo de manera constante. Se pasó de un crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 3% a un promedio del 0,5%.

En otras palabras, se genera menos riqueza y oportunidades laborales para más población (1,5% aumento al año).

Como resultado, mientras el gasto público ha seguido creciendo más del 5% anual, los ingresos apenas se mantuvieron constantes antes de la pandemia, cuando todo se desplomó.

En ese contexto, el país necesita urgentemente un cambio porque, si ahora resulta complicado cubrir las obligaciones del Estado, el escenario será más complicado cuando pase el alivio de la renegociación de la deuda externa en bonos.

En cuatro años toca comenzar a pagar deuda en bonos

Durante el Gobierno de Lenín Moreno se logró la renegociación de la deuda externa en bonos. Esa renegociación permitió que se aplacen los pesados pagos que se tenía que hacer desde 2021.

Así, la actual administración de Guillermo Lasso no tendrá que desembolsar $40.000 millones en su periodo. Sin embargo, ese monto de obligaciones si se tendrá que comenzar a pagar desde 2026.

En otras palabras, el país se verá abocado a gastar, en promedio, $2.000 a $3.000 millones adicionales para ir pagando sus deudas.

Esa tarea será imposible si desde ahora no comenzamos a retomar la senda del crecimiento económico y el empleo.

Se necesita que ese crecimiento sea de más del 3% anual para que los ciudadanos y las empresas tengan más ingresos y empleo; con lo que a la par, el fisco recaudará más.

Belén Romero, economista, explicó que la sociedad ecuatoriana no puede tapar el sol con un dedo. Si no generamos más riqueza desde ahora, los niveles de endeudamiento público será insostenible.

Quito (Pichincha), 18 de octubre del 2021.- El Presidente Guillermo Lasso, realizó un pronunciamiento sobre asuntos de interés nacional.
Foto: Jonathan Miranda/Presidencia de la República

“Si las reformas tributarias y laboral del Gobierno no convencen, la solución es mejorarlas con alternativas viables. El peor escenario es mantener las cosas como están”, acotó.

Actualmente, al Estado le hacen falta $400 millones cada mes para cerrar sus cuentas, por lo que la meta debería ser que la actividad económica suba lo suficiente para generar al menos $2.000 millones adicionales de impuestos al año.

De ese monto, solo $700 millones se conseguirían con la reforma tributaria de Lasso, por lo que los $1.300 millones restantes deben ser resultado del fomento de la inversión privada y de mayores facilidades para crear empresa.

“Sin ese empuje, durante 2022 a 2025 seguiremos sumando más endeudamiento y atrasos, por lo que el próximo presidente tendrá que pasar de un gasto actual de $7.000 millones en intereses y amortizaciones a $10.000 millones o más”, puntualizó Romero. (JS)

Ecuador paga, en promedio, $2.200 millones en intereses y $4.800 millones en amortizaciones de deuda pública.
La deuda pública ecuatoriana, con corte al 31 de julio 2021, asciende a $63.091,4 millones

Reducir más de 11 % el stock de la deuda hasta 2026

Acuerdos de libre comercio

De concretarse acuerdos con los siguientes países, las exportaciones hacia esos destinos se incrementaría anualmente en:

Canadá: $630 millones

Estados Unidos: $1.100 millones

México $290 millones

Costa Rica: $45 millones

Panamá: $25 millones

República Dominicana: $25 millones

Rusia: $660 millones

Japón: $750 millones

Corea del Sur: $365 millones

China: $900 millones