Asombra e indigna a los ecuatorianos la serie de fallos judiciales que favorecen y, en ciertos casos, ennoblecen a imputados de delitos como cohecho, asociación para delinquir, estafa, apropiación ilícita de recursos públicos y otros, en los que se han visto involucradas personalidades políticas.
Precisamente, es por esa condición que sus juicios, en su momento, recibieron inusitada atención ciudadana, y que, al calor de la sentencia, el rechazo y la indignación ciudadana se han hecho presentes; y, lo que es más grave aún, la desconfianza en la institucionalidad del país en general, y en la justicia en particular, amenazan con provocar una explosión política de enormes consecuencias. Pero ¿qué ha sucedido, como para que tan negros nubarrones se hagan presentes en la vida del Ecuador?
LOS ORÍGENES DE LA CIVILIZACIÓN
Hay quienes encuentran el principio de la civilización en el momento en que un hueso humano fue “soldado”, pues, para que ello sucede hace falta cuidados y atención a quien no puede valerse por sí mismo.
Otros encuentran ese momento cuando una persona decidió insultar a otra, en vez de lanzarle una piedra; es decir, cuando la palabra reemplazó a las armas en la solución de los conflictos.
Sea cual sea, ese momento; podemos afirmar que la civilización surgió cuando el ser humano decidió dejar atrás la “ley de la selva” que ordenaba el ejercicio de la venganza para “igualar” el daño infringido a una persona; y, en su lugar, vislumbró que era más efectivo y racional el someter parte de su libertad, y en esa libertad, consta la de herir y, si fuera del caso, la de matar a otro ser humano que hubiera causado algún daño o mal al primero. Es que la ley de la selva ponía en peligro la existencia misma de la especie.
La ley de la selva ¿quedó en el olvido?
La visión idílica de una sociedad sometida a la ley y a la razón parecía concretarse cuando los pueblos adoptaron los códigos de comportamiento social a los que se sometieron todos sus integrantes.
El Código de Hammurabi, una escultura en piedra cincelada hacia el 1700 antes de nuestra era, representando al rey Hammurabi de Babilonia recibiendo de Samash, dios del Sol y la justicia, las leyes que se debían cumplir para fomentar el bienestar entre las gentes. Es la primera evidencia de la existencia de un código. A partir de ese momento casi todos los pueblos de la Tierra adoptaron diversos códigos de comportamiento “civilizado” que dejará atrás el código de la selva.
Los códigos ¿cumplieron su cometido?
Sin embargo, esos códigos fueron incapaces de defender al débil frente al poderoso; al pobre frente al rico; al menesteroso frente al ostentoso y autoritario poseedor del poder, porque dieron origen a una nueva clase de funcionarios: los que propendían y administraban la aplicación de los contenidos en los códigos, y lo hacían según sus conveniencias, sin considerar la justicia y la paz.
El contrato social
Siglos más tarde, sería el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau, el que definiría, con propiedad lo que se ha dado en llamar “el contrato social” que no es más que es una teoría que hace referencia al compromiso adquirido por un ciudadano con el Estado, cuando este se integra en una sociedad; y, en contrapartida, recibe del Estado ciertos derechos y privilegios.
Por todos es conocida la parte referente a la libertad ciudadana que consta en este contrato: “Todos aceptamos una disminución de nuestra propia libertad a cambio de que el Estado la administre para que impere la Ley”.
La premisa que utilizó Rousseau para su teoría fue de que todos los seres humanos nacen libres e iguales por naturaleza. “El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado”. Según el pensador, el estado originario del ser humano es la familia, que constituye “el primer modelo de sociedad política”, pero en este estado de la humanidad se impone la ley del más fuerte. Es necesario, por tanto, constituir un Estado de Derecho que garantice las libertades del ser humano y lo proteja de los abusos derivados de su libertad innata y de la mala aplicación de la ley.
En este sentido, el poder, es una herramienta de control, pero también de protección.
La división de funciones
El siguiente paso en este camino hacia una convivencia pacífica y civilizada, lo encontramos en la Revolución Francesa que dividiría el Poder en 3 funciones que, teóricamente, sería independiente cada una de ellas, de las otras dos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
La humanidad saludó a la división de funciones y creyó que con ellas se solucionarían los males y problemas; no contó con que en cada una de esas funciones estarían seres humanos, con sus deseos, ambiciones, virtudes y bajezas, ejerciendo sus facultades y poderes.
Las repúblicas, especialmente, las de la llamada “civilización occidental”, nombre al que se le añadió “cristiana” soñaron con que bastaba dictar la ley para que sea cumplida y regara a toda la sociedad los beneficios de sus palabras; pero…
También fue una práctica común el creer que la felicidad social se asentaba en las leyes. Si algo funcionaba mal, o, simplemente, no funcionaba, entonces, la buena gente, acudía a cambiar la ley; a dictar una nueva constitución, nuevos códigos y nuevos acuerdos destinados a durar 300 años, 1.000 años. 10.000 años, aunque la realidad mostraba que el tiempo de duración de aquellos estaba en relación directa al tirano de turno o al abuso de la autoridad competente.
Así, entonces, nos acostumbramos a vivir en un simulacro de paz y concordia fruto del enjambre de leyes que solo los entendidos en la materia eran capaces de resolver.
En Ecuador
En los albores de nuestro país como ente político independiente ya encontramos ciertos vicios que empañaron la convivencia civilizada; la coima, la corrupción en las altas esferas, la división en clases sociales, al momento de regir la vida republicana, la ausencia de una visión o de una costumbre que iguale a los habitantes de esta tierra ante la ley.
Por eso, aunque no conste en los libros de la historia, siempre supimos que había que “enaceitar” a la maquinaria de la justicia para que se moviera. No solo eran los jueces, sino también los amanuenses, las secretarias, los comisarios y hasta los policías municipales los que debían recibir su dosis de “aceite” para que los juicios no queden empantanados en los marasmos del aparato judicial. Pero, nunca antes como ahora, los ecuatorianos vivimos en la cloaca legalizada. Ya no hay solo que poner el “aceite” sino que ahora debemos comprar la fábrica del aceite para responder a las “demandas” de los administradores de la justicia.
Meter la mano a la Justicia
El titular de la Función Ejecutiva de los últimos tiempos anunció públicamente que metería la mano en la Justicia. Y claro, que la metió. Su delegado presidente de la Judicatura fue un Administrador de Empresas. Un Administrador castigador de jueces y encargado de firmar los contratos para la construcción de edificios donde funcionarían las delegaciones provinciales de esta Institución. Luego vino un abogado al que le precedía la fama de ser un personaje recto, honesto y con capacidad intelectual y ética. Lástima que en el cumplimiento de su deber se mostró como un solícito empleado de Carondelet, antes que un abogado con visión de lo que debe ser la Justicia. En su administración se llenaron las vacantes con jueces políticos, prestos a servir al presidente, receptores de llamadas telefónicas y solícitos amanuenses del poder.
Tras la salida de Carondelet de aquel aprendiz de tirano, el mamotreto inventado en Montecristi, llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de llevar adelante los concursos de autoridades del Estado, como el Procurador, el Fiscal, el Superintendente de Compañías, el Contralor General del Estado, etc.,
fue defenestrado; en su lugar se nombró uno de transición para que nombre a las nuevas autoridades mediante concursos transparentes y de méritos, sin nexos con las otras Funciones del Estado.
Luego las miradas fueron a la Corte Nacional de Justicia y el país, asistió por vez primera un proceso de selección de jueces con un tiempo determinado de trabajo y que serían los mismos jueces los que nombraran sus autoridades y a sus reemplazos. La tan ansiada cooptación se tornó realidad.
La Justicia en tiempos de color verde
Pero los miembros del Consejo de la Judicatura no estuvieron a la altura de sus cargos y pronto la ciudadanía sufrió decepción tras decepción.
Hace poco, dos de sus miembros fueron llamados a juicio por la Fiscalía que encontró un audio en que estos funcionarios se acercaron a oficinas particulares para acordar nombramientos a cambio de favores políticos.
Los jueces encargados de su juzgamiento fallaron a favor de los acusados.
La ciudadanía recordó el dicho popular: “Entre bomberos no se pisan las mangueras”. Hoy, esos mismos miembros del Consejo de la Judicatura siguen actuando dentro de la institución y, junto con otros miembros, intentaron oscurecer la labor de la Fiscal, por haberlos llevado a los tribunales.
La Constitución que nos rige, pomposamente llamada “Garantista” está diseñada y redactada, no para administrar justicia, sino para garantizar la impunidad y el “bom vivere” de delincuentes de todo tipo de cuellos, de los blancos, de los sucios, de los negros, de los amarillos, de todos los que tengan con qué comprar el aceite.
Si un funcionario comete un delito, (porque los actos de corrupción son delitos) debe acudir presuroso ante la justicia y entregarse a ella. Podrá inmediatamente recibir un trato preferencial por su colaboración con ella.
Su sentencia será, entonces, reducida a cifras risibles; pero, además, si recibe una certificación de la institución de controlar el mundo carcelario, de su buen comportamiento, los años reducidos de cárcel se reducen aún más. Si luego, un juez venal, de una jurisdicción alejada de donde se cometió el delito, le otorga la aplicación de ciertas garantías, porque el pobrecito delincuente corre peligro su vida en el recinto carcelario donde se encuentra, entonces saldrá a cumplir lo poco de su condena en su domicilio. Pero, eso sí, no devolverá el dinero fruto de su delito.
Eso le servirá para “gozar la vida” luego de que otro juez, encuentre que su juicio debe ser anulado, porque el acusado es un perseguido político y no, el corrupto funcionario que logró que el dinero o los bienes del Estados vayan a parar a su bolsillo o en el de sus testaferros.
Ejemplos:
Ejemplos hay muchos, pero basta recordar un par de ellos. Hace años, la Fuerza Aérea decidió comprar una flota de helicópteros para sus operaciones. En poco tiempo, 4 de los 6 comprados se accidentaron provocando la muerte de dos pilotos.
Un general de la FAE se opuso a esa compra y la denunció. Otros generales, así como Ministros de Defensa de aquellos tiempos se vieron involucrados en acusaciones que iban desde Asociación para delinquir, hasta Peculado, con afectación millonaria al Estado. Dicho General, meses después de su retiro, fue asesinado no sin antes denunciar, con audios, como pruebas, de amenazas y ataques a su persona y a su familia.
La Fiscalía siguió con la investigación y solicitó el inicio de un juicio. El Juez de la causa, nombrado en tiempos de aquel presidente que “metió la mano a la justicia” falló favorablemente a los imputados. La Fiscal y la ciudadanía miraron con estupor e impotencia dicho fallo.
Otro ejemplo: un alto funcionario de alto rango fue sentenciado por sus actos de corrupción. La Justicia lo sentenció en 2 causas y está inmerso en otro caso.
Fue a la cárcel donde permaneció algo más de 4 años. Un sátrapa, sentado en la silla de Juez no solo que le concedió la libertad, sino que le devolvió sus derechos políticos para que pueda volver a delinquir.
Sin embargo, en la otra parte de la sentencia que lo obligaba a devolver varios millones de dólares al Estado por su historial delictivo, ningún Juez, ningún miembro del Consejo de la Judicatura, ningún Juez de la Corte Nacional, ha promovido acción alguna para que eso se cumpla.
Resulta ahora que es mejor ir preso, buscar su libertad y salir de la cárcel a disfrutar del producto de la corrupción, postularse para otro cargo y reírse del pueblo ecuatoriano.
La corrupción ha tomado la función judicial.
Entonces, ¿cómo puede una función corrupta juzgar los actos de corrupción?
¿Cómo puede, la administración de justicia, brindar protección a los ciudadanos?
¿Cómo podemos confiar en que nuestro país sobrevivirá al caos político y jurídico en el que estamos viviendo?