El 12 de septiembre de 2022, el gobierno ecuatoriano presentó ante la Corte Constitucional para su revisión y calificación, ocho preguntas entre las que se acentúa “(…) el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado”; en medio de la problemática y creciente percepción de inseguridad estatal.
FUERZAS ARMADAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
“Ser presidente se parece mucho a administrar un cementerio, hay mucha gente debajo de nosotros y nadie nos hace ningún caso”.
Bill Clinton
Los catorce (14) estados de excepción a los que se ha visto obligado el presidente de la república desde que inició su mandato constitucional han sido justamente para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en su misión constitucional de preservar el orden público y la seguridad ciudadana; así como a la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores en el control penitenciario.
La Función Ejecutiva está errada en el concepto de que las Fuerzas Armadas son el mecanismo legal y operativo para devolver a la ciudadanía la percepción de seguridad; empecinándose en alterar su competencia de “la defensa de la soberanía e integridad territorial”; así como también el yerro por parte del Ministerio de Defensa Nacional, en crear Fuerzas de Tarea Conjunta en las jurisdicciones en las que el narcotráfico o el crimen organizado se encuentran mutando hacia otras dimensiones en muy cortos plazos; o de emplear a los Comandos Operacionales, órganos de maniobra temporal cuya naturaleza doctrinaria militar está totalmente alejada del ámbito del orden público o seguridad ciudadana; aún bajo el riesgo de que la institución militar esté o no preparada para enfrentarla. En los estados de derecho, donde las democracias están afrontando escenarios y amenazas distintas a los conflictos interestatales, es indudable que el rol y la función de las Fuerzas Armadas tenga que adaptarse con estrategias innovadoras de corto, mediano y largo plazo que no sean el resultado de la presión que la sociedad ecuatoriana reclama al régimen como si se tratara de un tema taxativo del gobierno.
La desigualdad económica, los cambios sociales, los desafíos relacionados con la identidad cultural, ideológica y religiosa de los pueblos, así como la crisis económica mundial confirman la insuficiente iniciativa por parte no solo de los entes estatales, que se agudizan con la imposibilidad de consensos de todas las funciones del Estado tendiente a establecer bases sólidas que permitan construir mecanismos legales y operativos internos para defender al Estado de estas amenazas contemporáneas. La cooperación internacional es un instrumento esencial en la estrategia multidimensional para combatir esta amenaza; sin embargo, cualquier estrategia o modelo de seguridad de un Estado-Nación, no solo es en términos estratégicos y políticos sino también económicos.
AMPLIAR O MODIFICAR SUS OBJETIVOS. –
Barry Buzan ya alertó a fines de los años ochenta que el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad es un concepto funcional de la ciencia política que se aplica de manera circunscrita al Estado, entre cuyas funciones básicas está el proveer al orden civil “garantías de tranquilidad” ante amenazas externas; no obstante, de que el componente militar es necesario en el respaldo de acciones que el Estado instaure para alcanzar el orden interno.
Las Fuerzas Armadas en el mundo aportan de manera indirecta al desarrollo nacional respaldando la gestión diplomática evadiendo los riesgos, amenazas e interferencias externas, a través de la disuasión; y, complementariamente en la seguridad interior ante catástrofes naturales o antrópicas, graves conmociones internas o alteraciones o calamidades de orden público; coincidiendo con la apreciación clásica que Huntington en la que determina que las tres funciones esenciales de toda entidad militar son:
“(…) a) Expresar los intereses de la sociedad en materia de seguridad y defensa;
b) Asesorar al poder político en ambas materias; y,
c) Ejecutar misiones que el poder político le asigne (…)”.
Es por ello que el instrumento militar de un Estado es obligatorio, por la estructura del sistema internacional que define su ordenamiento en un contexto de profesionalización y especialización que se traduce en “saber hacer lo que le es compete” como subordinado a las decisiones que tome el Estado en materias de Seguridad y Defensa.
La pregunta planteada por el gobierno evidencia una correspondencia de necesidad ciudadana en la que la respuesta va a ser obvia; siempre que la Corte Constitucional la admita; pero, no es consecuente ni responsable, porque no constriñe los tres ejes transversales de obediencia en los que se encuadran los organismos militares -entrenamiento-capacitación-equipamiento; por lo que esta divergencia que presenta la política pública propuesta por el Ejecutivo en la que la voz de los militares no ha sido tomada en cuenta, hace languidecer este diseño estatal antes de que pueda tener vida; y, por la que han apostado todos los ecuatorianos con la esperanza de recuperar “la seguridad”, en la que la organización policial no solo que ha sido sobrepasada en sus capacidades operativas, logísticas y tecnológicas por el crimen organizado; sino en la que además las funciones Judicial, Legislativa, Electoral y Participación Ciudadana normalizan y preservan los derechos humanos de quienes con sus conductas punibles mantienen en zozobra a la mayoría de los ecuatorianos.
Los momentos actuales exigen de todos un cambio radical que bajo principios de cooperación y multidimensionalidad permitan un avance hacia el control y la neutralización de amenazas y riesgos compartidos, porque ya no podemos darnos el lujo de esperar una consulta popular o que las funciones Judicial y Legislativa, hagan lo que les compete hacer, ante el incremento de la violencia y de la inseguridad, en los que los estados de excepción, le han permitido a los militares apoyar a todas y cada una de las entidades del Estado ineficaces en sus competencias y atribuciones por falta de equipamiento y capacitación.
Solo por percepción, porque la comparación es absurda los Estados Unidos para “proteger” su pensamiento de seguridad a partir de los trágicos ataques de 9-11-2001 ha preconcebido su realidad presupuestaria con ciertos límites de riesgo aceptables para generar resultados favorables en los que sus Fuerzas Armadas son las que protegen sus intereses nacionales bajo los objetivos planeados en la Estrategia Nacional de Seguridad 2010 y en las que han reevaluado las capacidades de sus Fuerzas Conjuntas con el fin de cumplir con éxito algunas misiones entre ellas la lucha contra del terrorismo y guerras asimétricas, sin modificar su Constitución vigente desde 1776, con once enmiendas en las que el rol de las Fuerzas Armadas no ha sido modificada sino “recalibrada”.
Revista Semanal #32