Renunciar a la moneda nacional fue una decisión de trascendencia histórica en la existencia del país como nación.
Las dudas iniciales sobre su viabilidad se han despejado en el decurso de los años. No cabe duda que implementar la dolarización tiene un extenso legado de múltiples beneficio para la sociedad toda. El solo hecho de mantener la inflación en niveles mínimos, en sí mismo, es un valor de notable apreciación colectiva. Las personas y empresas preservan su poder de compra. La estabilidad que brinda la dolarización se traduce en confianza para todas las actividades económicas: ahorro, crédito e inversión. Como el Ecuador se había declarado incapaz de pagar su deuda externa, fiel a su costumbre, en julio del año 2000, propuso cambiar los Bonos Brady y Eurobonos por otros llamados Bonos Globales. Se obtuvo una importante reducción del capital de la deuda y del pago de intereses.
No obstante, que en el año 2000 la inflación fue elevada (cuadro 1), se redujo de modo progresivo hasta alrededor del 3 por ciento, nivel mantenido luego de 23 años de vigencia de la dolarización. La economía mantuvo tasas de crecimiento superiores al 4 por ciento, 8,2 por ciento en 2004, debido a la inversión externa privada en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Con el fin de corregir los devaneos fiscales de los años 80s y 90s, se expidió una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establecía límites a la evolución del gasto público y la deuda, y obligaba a conformar fondos de ahorro. El gasto público se mantuvo alrededor del 23 por ciento del PIB. A pesar que los ingresos petroleros no fueron abundantes y la carga tributaria en relación con el PIB se mantuvo alrededor del 10 por ciento, las cuentas públicas fueron superavitarias. Además, los fondos de ahorro acumularon 1.400 millones de dólares.
Tanto la deuda pública interna y externa, en 2006 redujeron su peso en la economía, al 7 por ciento y 21,8 por ciento del PIB, respectivamente. Los primeros años de implementar la dolarización, evidencian con claridad que un marco de sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, con la confianza subyacente, son pilares para impulsar el crecimiento de la economía. Al tiempo que la deuda pública se redujo, así como los niveles de pobreza, que llegaron al 18 por ciento de la población urbana en 2006. Para no perder la costumbre de mantener la inestabilidad política, otro presidente fue derrocado, como germen del nacimiento de otro, que en 10 años ejerció un régimen autoritario con una gestión de nefastas consecuencias para el futuro del país.
Ataques a la dolarización
Entre 2006-2023, los fundamentos de la dolarización han sufrido un profundo deterioro. La deuda interna pasó de $3.278 millones (7 % del PIB), a $22.061 millones (18 % del PIB). La deuda externa aumentó de $10.215 millones (21,8 % del PIB), a $46.149 millones (37,7 % del PIB). El gasto del sector público creció del 23,8 % del PIB al 38,6 % del PIB. De un superávit de 3,3 % del PIB en 2006 se transita a un déficit del presupuesto de 4 % del PIB en 2023. El gasto en sueldos en el presupuesto, del 5,5 % del PIB en 2006 aumenta al 8,5 % del PIB en 2023. La economía creció 4,4 % en 2006, ahora crecerá alrededor del 1 %. En 2006 el faltante de la reserva internacional para pagar a sus dueños fue de $432 millones (cuadro 2), en julio de 2023 el mismo es de $4.650 millones (cuadro 3). La inflación en 2006 fue 3,3 %, hoy es aún menor. La cobertura de los depósitos del sector público con la reserva internacional, en 2006 fue del 77 %, hoy es del 27 %.
Aún, si en el Ecuador se llega a comprender en su estricta dimensión los sanos fundamentos de una economía dolarizada, que son imperativos para progresar, y se logran los acuerdos indispensables alrededor de los mismos, se requerirán varios años de disciplinas colectivas para alcanzarlos.Tenemos que reconocer que la población siente los beneficios de la dolarización, los valora pero tolera todos los ataques que se le hacen.Así mismo los sectores oficiales no han asumido su responsabilidad històrica de instruir a la población, de promover una cultura financiera que para que al ejercer sus derechos polìticon no haga lo contrario a sus propios intereses.
Será posible?