Es absurdo regular a la prensa solo cuando esta deja de servir a la agenda distractora del Gobierno. La receta se repite: un misterioso tuit, seguido de una masiva cobertura de los ‘nuevos’ medios construidos sobre los escombros de los tradicionales en los que nuestra democracia se asentó en el pasado. A ello, le sigue una reacción gubernamental, seguida de supuestas medidas, que concluye con la cobertura de aquellos mismos medios temerarios y descorteses. ‘Linchamiento mediático’ osaron llamarlo, cuando se aplicaba en su contra.
Más que una conspiración, es una cortina de ruido, producto de la prisa y la codicia, que no deja que la ciudadanía se concentre en lo importante. Los vicios de la comunicación no se remedian con controles burocráticos, imposibles de implementar equitativamente con la tecnología de hoy; esa receta ya se aplicó, destruyó el orden, el respeto y la decencia, y arrasó con medios de comunicación y periodistas.
Es un error concentrarse en problemas de percepciones, como el complejo de persecusión y de víctimas de muchos funcionarios públicos. El nuevo reglamento a la Ley de Comunicación cumple con imaginarse el tan ofrecido Mecanismo de Protección a Periodistas, pero infla la burocracia de control de manera irresponsable y ambigua.
Proteger al periodista y su oficio se logra solo con funcionarios que han seguimiento de amenazas que no se explican ni definen; se requiere fortalecer el ecosistema de medios, facilitando su operación y supervivencia -material, legal y financiera- para que sean estos los que asistan en la formación y protección de sus equipos.
Desde la efímera comodidad del poder, olvidaron los abusos que se cometen desde los medios públicos y la forma arbitraria y conveniente de manejar la publicidad oficial.