Hace catorce meses, la lamentable instrumentalización política de la consulta popular de aquel entonces llevó a que el país desperdiciara la posibilidad de permitir la extradición de ecuatorianos que cometen crímenes como el narcotráfico y el crimen organizado. Desde entonces, la crisis de seguridad se ha agravado, se ha declarado un conflicto armado interno y se han impulsado importantes procesos judiciales que ya no podrán apelar a esa posibilidad. Este domingo, Ecuador tiene la posibilidad de remediar esa gran equivocación.
El combate al crimen organizado transnacional —que por definición conlleva una coordinación de esfuerzos en diferentes países para delinquir— requiere que las fronteras dejen de ser un obstáculo para la implementación de la justicia. América Latina está llena de casos —Colombia, México, Honduras, son algunos— en los que el uso oportuno de la extradición sirvió para debilitar sensiblemente a estructuras delictivas con gran poder político y económico. En el contexto de un sistema judicial institucionalmente débil y sin recursos, enfrentado a mafias que tienen el dinero suficiente para poner a trabajar al ‘establishment’ a su favor, la extradición a países con una justicia más sólida constituye una de las pocas herramientas efectivas de disuasión y combate.
El narcotráfico es una amenaza común. No hay motivo moralmente válido para impedir que sea debidamente castigado alguien que, desde aquí, exporta el mal a sociedades hermanas. No está bien, por un mal entendido nacionalismo o por simples pugnas políticas internas, cobijar con el manto de la impunidad a algunos de los más siniestros miembros de la sociedad.