El escándalo que sacude al exvicepresidente Jorge Glas y a su partido, Revolución Ciudadana, obliga a reflexionar sobre cómo se conduce el poder en las organizaciones políticas del país. Tanto las demandas resultantes como los bochornosos audios divulgados muestran la preocupante mentalidad que impera en gran parte de nuestra clase política con respecto al género, al consentimiento en las relaciones, el dinero público y el poder.
Exfuncionario o no, la posibilidad de que un reo sentenciado pueda mover influencias para que una institución pública ─la Prefectura de Pichincha─ contrate a su asistente personal para que trabaje para él y no para la provincia, denota tal soberbia de parte de quienes gozan de capital político, que los lleva a arrogarse el derecho de emplear dinero público para la gestión de antojos personales.
Preocupa que un alto mando de un partido se juzgue en el derecho de exigir a una subalterna que le rinda cuentas sobre su vida privada. Igual de inaceptable resulta que las decisiones afectivas de alguien se tornen tema de discusión, negociación o condicionamiento en las reuniones de deliberación de la más poderosa organización política de este país. Que un hombre con evidente, aunque quizá menguante, poder quiera tratar a una mujer como su propiedad, o que se exija a su pareja que la apacigüe, como si de un animal se tratara, es intolerable.
En cualquier Estado de Derecho esto sería investigado y juzgado; pero, aquí, al menos tendría que brillar la verdad para que los votantes conozcan cómo operan a veces quienes tanto se jactan de servir a las minorías.