La crisis entre Ecuador y México evidencia el preocupante declive de instituciones que solían ser fundamentales.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vulnerado sostenidamente el principio de no intervención y la buena fe detrás de la concesión del asilo político a un ecuatoriano sentenciado por actos de corrupción. A su vez, al irrespetar el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, el gobierno ecuatoriano atentó de forma grotesca contra una tradición que ha abonado a la paz entre estados.
El noble proceder que durante los peores años de la guerra fría mantuvo México para con el resto de América Latina —acogiendo a pensadores y activistas opuestos a dictaduras, que enfrentaban el riesgo de secuestro y tortura, al tiempo que mantenía una política equidistante y cordial con gobiernos de todo corte ideológico— desembocó en una política de protección de prófugos de la justicia, enjuiciados y sentenciados, a los que además permite continuar conspirando contra el Estado ecuatoriano desde la comodidad de su exilio.
Tristemente, tanto López Obrador —con las elecciones a las puertas y sus inoportunas declaraciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio— como el presidente Daniel Noboa —enfrentado a la consulta popular— juegan con la institucionalidad, por fines electorales.
En los próximos días se verá el efecto en la intención de voto para la consulta popular que convocará a Ecuador a las urnas este 21 de abril. Entre tanto, el impasse dimplomático seguirá su curso, mientras muchas familias ecuatorianas que requieren servicios consulares en México por temas migratorios, por ejemplo, así como empresas que conducen negocios entre ambos países, sufren las consecuencias.