Los ecuatorianos estamos tolerando, en nombre de la crisis fiscal, preocupantes arrebatos confiscatorios de parte del Estado. La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo contempla las vergonzosas autorretenciones mensuales del impuesto a la renta. Las 471 empresas designadas deberán pagar entre el 1,25% y el 10% por ciento de sus ventas cada mes, en calidad de adelanto del impuesto a la renta que deberían cancelar recién en abril de 2025. Se supone que en ese entonces, si es que sus aportes exceden lo estipulado, el Estado les devolverá la diferencia.
Se trata de una arbitrariedad indefendible, más aún cuando viene de un Gobierno que había prometido no subir impuestos. El dinero que aporten las empresas no se destinará a ninguna inversión, sino a saldar las deudas pendientes producto de un déficit fiscal que no para de crecer. El propio adelanto, al restringir prematuramente la liquidez de las empresas, repercute sobre su capacidad de inversión y afecta el desempeño anual; por no querer esperar, el Estado terminará recaudando menos y en abril echará de menos esos mismos recursos. Se invita, además, a las empresas a confiar en la hipotética devolución de excedentes, cuando al momento ya hay devoluciones pendientes que no se han llevado a cabo. Además, ante esta situación fiscal tan precaria, ¿qué garantías puede ofrecer el Estado de que en 2025 estará en condiciones de cumplir su palabra?
Sin las reformas estructurales necesarias, la situación fiscal empeorará; inquieta pensar, si este momento ya se está procediendo de esta manera, en lo que el Estado pueda hacer más adelante.