Con un escaso presupuesto de $2,6 millones al año se hace operativos y controles mineros

HECHO. Las autoridades hacen controles y se incauta una maquinaria que luego no se puede usar por trabas legales y burocráticas.
HECHO. Las autoridades hacen controles y se incauta una maquinaria que luego no se puede usar por trabas legales y burocráticas.

El Gobierno encontró una institucionalidad mínima, con pocos recursos económicos, humanos y legales, para enfrentar a las mafias de la minería ilegal.

“Qué podemos esperar con $2,6 millones anuales para control, si no es lo que encontramos: crecimiento descontrolado de la minería ilegal”, dijo Kathya Delgado Arévalo, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, al explicar la situación actual del sector.

La funcionaria agregó que el Gobierno de Daniel Noboa encontró una institucionalidad completamente menguada y sin capacidad económica, normativa y de personal para enfrentar a las organizaciones criminales que están detrás de la minería ilegal.

De acuerdo con el material incautado, se ha estimado, por ejemplo, que los valores por venta de minería ilegal llegan a $60’183.000 en Yutzupino (Napo). La suma en otras zonas, incluyendo Imbabura, Azuay, El Oro, entre otras, totaliza $4’836.942.

Esas cifras, según la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, solo corresponden a lo que se ha podido tener trazabilidad e identificar para saber cómo está operando el crimen organizado.

Los operativos no llegan a identificar el alcance que realmente puede tener por todas las vías la minería ilegal”, admitió Arrobo.

Esto quiere decir que, con solo una pequeña muestra del movimiento económico de la minería ilegal, ya se supera en más de 25 veces el presupuesto anual asignado para control minero desde el Estado.

La minería ilegal está siendo manejada por el crimen organizado y cuentan con recursos mucho más fuertes de los que se tiene para un operativo de operación y control a cargo de la agencia”, recalcó la ministra

Actualmente, para despachar trámites se cuenta con 7 funcionarios (uno de ellos abogado) en la Subsecretaría de Minería Artesanal y Pequeña Minería. En el caso de la Subsecretaría de Minería Industrial, se tienen 4 funcionarios (uno de ellos abogado).

En febrero de 2022 se tenían 711 trámites pendientes y al inicio del actual Gobierno se heredaron 485. Hasta mayo de 2025 se espera sustanciar 143 trámites y quedarían todavía 340.

Cambios indispensables

Durante una comparecencia en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, Delgado explicó que se encontraron vacíos legales graves en la Ley de Minería.

Hemos trabajado en artículos para fortalecer el control minero. Es necesario tipificar el delito para poder sancionarlo. Los temas penales no los trata la agencia de control; pero se necesitan cambios para que, dentro de sus competencias, la Agencia pueda actuar”, añadió.

Durante 2023 se realizaron 413 operativos de control minero. El 80% se concentró en El Oro (44), Zamora (88), Loja (37), Napo (27), Pichincha (28), Imbabura (33), Morona Santiago (30), Azuay (14), Orellana (11) y Guayas (18).

Como resultados de estas acciones existen procesos de indagación previa (reservados); incluso se han hecho grandes incautaciones, pero no existen las herramientas legales y administrativas para que se pueda utilizar y sacarle provecho a lo incautado.

Entre 2022 y 2023, solo en tres megaoperativos (Yutzupino, Manatí III y Manatí IV) en los que, entre otras cosas, se incautaron 204 excavadoras, 120 motores de succión de agua, 9 generadoras eléctricos y 17 cucharas metálicas para excavar.

“No tiene sentido que el Ministerio de Obras públicas o Petroecuador hagan procesos de selección para la compra de maquinaria, cuando tenemos parques llenos de maquinaria. Nosotros deberíamos tener el decreto al uso de ese material incautado porque si no lo hacemos eso se queda parqueado ahí. Necesitamos celeridad”, puntualizó Arrobo.

Parte de este problema se intenta solucionar mediante artículos incluidos en las leyes económicas urgentes; pero todavía falta más porque lo que suele suceder es que, cuando se llega a un proceso judicial, los jueces en muchos casos no únicamente piden que se reponga la maquinaria a la minería ilegal, sino que se la devuelva en las condiciones en las que se la incautó.

Otra traba, que es parte de la Ley de Minería expedida en 2009, es toda la tramitología y los largos procesos (que puede tomar años) para aprovechar el material mineral incautado en los controles.

Pregunta para la consulta

En el segundo paquete de preguntas para la consulta popular enviada por el Gobierno de Daniel Noboa a la Corte Constitucional (CC), se incluye la siguiente: “¿Está usted de acuerdo que para erradicar la minería ilegal se declaren las zonas mencionadas en el anexo 3 como territorios de interés nacional con la finalidad de evaluar por una sola vez la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado?”.

Esos territorios son parte de las zonas calientes de minería ilegal detectadas en Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo, Napo, Orellana, Azuay, Morona Santiago, El Oro, Loja y Zamora.

La ministra Arrobo considera que la aprobación de esta pregunta daría una herramienta importante para los controles y la lucha contra la minería ilegal. A eso se suman los operativos (de los que no se pueden dar mayores detalles) y la militarización de ciertos sectores dentro del estado de excepción y la guerra contra el terrorismo.

El Gobierno tiene un plan para reabrir el catastro minero, pero para eso se deben hacer varias cosas.

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, aseguró que la minería ilegal es un problema integral para la seguridad del Estado. Esto incluso fue declarado en enero de 2023 por el expresidente Lasso.

Sin embargo, de acuerdo con Silva, la capacidad del Estado ecuatoriano para controlar perseguir y castigar a la minería ilegal se ha demostrado que es nula o muy poca

“Parte de la estrategia para enfrentar la minería ilegal es justamente apoyar la minería formal. Es decir, no ponerle tanta traba a la minería formal”, dijo.

Silva también apuntó a la urgencia de hacer una depuración en los entes de control, capacitar al personal y darles herramientas para que hagan su trabajo

“Los entes encargados del control de la minería ilegal se han visto permeados por la corrupción”, denunció.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Minería alertó que en muchas ocasiones los mineros formales hacen denuncias ante la Justicia sobre las operaciones de mineros ilegales, pero esas denuncias quedan en nada.   (JS)

Aunque no existen cifras oficiales, investigaciones recientes apuntan a que la minería ilegal podría estar moviendo $1.000 millones al año.

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