En este año que termina, Ecuador ha tenido que enfrentar las consecuencias, largamente postergadas, de una serie de falencias en su diseño institucional. La economía —atrapada entre un régimen laboral paralizante, un incorregible déficit fiscal y la falta de inversión pública y privada— cerró con indicadores inferiores a lo esperado y propició, entre otras cosas, una oleada migratoria y la escasez energética.
Se agudizó la crisis de seguridad, producto de la situación socioeconómica y del debilitamiento del aparataje de seguridad que se llevó a cabo durante más de una década. En lo político, el país vivió una severa convulsión gracias a la figura de las elecciones anticipadas que introdujo la constitución de Montecristi; la ciudadanía reaccionó con hastío, favoreciendo a una figura joven, distante de la polarización y las revanchas.
Ahora que el 2024 empieza, la situación es aún delicada. Todos los problemas que hicieron de 2023 un año tan duro siguen plenamente vigentes. Sin embargo, parece improbable que en este nuevo año las autoridades sean capaces de postergar decisiones de magnitud y esconder los problemas bajo la alfombra; la situación ya no lo permite. Revertir el curso de los acontecimientos, tanto en economía como en seguridad, requerirá sinceridad de parte de la clase política y sacrificios de parte de la ciudadanía.
Las decisiones correctas acarrean resultados que hablan por sí solos. Hay que confiar en que, conforme el país retome el rumbo, la gente sabrá reconocerlo y apoyará la transformación; es necesario empezar cuanto antes.