El derecho a la protesta y a manifestar la propia opinión está resguardado por la Constitución; es un atesorado principio, por lo determinante que fue en diferentes momentos de nuestra historia política. Hoy la ciudadanía y las autoridades tienen la obligación de velar por un ejercicio auténtico y coherente de este derecho; caso contrario, su mala práctica —destructiva y abusiva— erosionará más el orden vigente.
El país se encuentra en un delicado momento de crispación. Las heridas de octubre de 2019, con sus muertos, heridos y detenidos, y cientos de millones de dólares en pérdidas, no sanan aún —principalmente porque sus causantes han preferido mantenerlas abiertas en lugar de curarlas—, y a ello se le deben sumar los efectos de la pandemia, la inseguridad y la creciente inflación. Tras un año, la luna de miel del electorado con el presidente terminó y, al mismo tiempo, el posible renacer del correísmo y sus aliados despierta susceptibilidades y reacciones viscerales. Ante este contexto, quienes lideran las marchas de hoy deben ser prudentes y abstenerse de apelar al caos y a la violencia.
Todo el país ganará si en esta jornada de protestas las autoridades escuchan mientras los manifestantes plantean propuestas sensatas en buena fe. De nada servirá si vence la intransigencia como pretexto para sembrar esa anarquía que solo favorece a un puñado de caudillos irresponsables. Es momento de romper ese círculo vicioso.