El suicidio de una estudiante de un tradicional colegio de la capital puso en vitrina un grave problema que empaña la educación del país y la calidad de vida de muchísimos jóvenes: el acoso escolar. En este caso, al igual que en varios otros acaecidos recientemente, quedó en evidencia un sistema displicente que ni siquiera alcanza a percibir la gravedad y la inminencia de las amenazas que se ciernen sobre los estudiantes.
Los cambios de comportamiento y las nuevas tecnologías hacen que la convivencia entre jóvenes transcurra bajo dinámicas irreconocibles para las generaciones pasadas. El hostigamiento y la agresividad se llevan a cabo en ámbitos diferentes —más difíciles de controlar—, y los jóvenes expresan tanto la hostilidad como el sufrimiento de otras maneras. Si las autoridades y los docentes no conocen estas nuevas realidades ni son capaces de reconocer a tiempo los casos críticos, seguiremos lamentando tragedias, tanto las visibles —agresiones, suicidios o, quizás, tiroteos— como las invisibles —carreras truncadas, deserción, secuelas de por vida la para la salud mental—. Los educadores necesitan capacitación sobre las aristas psicológicas y legales de este problema.
Ecuador sufre todavía de una arraigada cultura de violencia en su educación, que confunde maltrato con enseñanza, sufrimiento con aprendizaje y crueldad con convivencia. Este mal se perpetúa cuando las autoridades de una generación, que se formaron bajo ese clima, lo toleran y lo normalizan entre los jóvenes de la siguiente. Para detener ese círculo vicioso es necesario dejar de romantizar el maltrato y, peor aún, de disfrazarlo de tradición.