El lunes 6 de marzo de 2023 en Ambato trascendió que ocho estudiantes de la Unidad Educativa Atenas estarían involucrados en un proceso judicial por bullying.
La denuncia fue puesta por Diego Paredes, padre de la víctima, quien sostuvo que su hija, una adolescente que cursa el último año de bachillerato, no acude a clases desde noviembre de 2022.
“Las heridas psicológicas dejan una huella más profunda que la física, por eso estamos haciendo este proceso en defensa de la mujer y de las adolescentes que sufren bullying”, dijo el padre de familia.
Mientras que David Artieda, abogado de la víctima, explica que se pusieron órdenes de restricción en contra de los responsables del bullying, las que no habrían sido acatadas por la institución educativa hasta el momento.
En este proceso también estarían involucrados un docente de inglés y un inspector, quienes deberían realizar teletrabajo.
Desde la institución
En un comunicado emitido por la Unidad Educativa Atenas se da a conocer que “ante publicaciones realizadas mediante canales digitales vía redes sociales y publicaciones de prensa que toman el nombre de nuestra institución, la Unidad Educativa Atenas considera importante informar a la comunidad que el caso en mención se está tratando en estricto apego a la normativa legal vigente”.
Se añade que respecto a este hecho puntual la institución activó los protocolos de atención correspondientes emanados desde la autoridad educativa nacional. “Este caso se encuentra en conocimiento, con el respectivo monitoreo y seguimiento del Distrito 18D01 Ambato 1 del Ministerio de Educación, así como de la Junta Cantonal de Protección de Derecho a la Niñez y Adolescencia de Ambato y otras instituciones relacionadas”.
En diciembre de 2022 se presentó la denuncia de bullying.
En el comunicado se resalta que más allá de los criterios particulares y subjetividades que se pueden emitir respecto al caso, a la institución le corresponde actuar exclusivamente en función de lo que la Ley le permite, obliga y prohíbe.
Y adicionalmente se explica que ante las medidas cautelares dispuestas por la Tenencia Política de Izamba, “se ha accionado la interposición de los medios constitucionales y legales de protección de derechos, cuya resolución está en manos de la función judicial”.