La ‘guerra’ contra el crimen suele gozar de amplia cobertura y publicidad. Las series televisivas sobre la lucha sin cuartel del Estado colombiano contra el cartel de Medellín, los contenidos de redes sociales del embate de Nayib Bukele contra las maras en El Salvador o las películas y documentales sobre la gesta de las autoridades neoyorquinas contra el crimen en los noventa seducen a todo público. Sin embargo, poco se suele destacar sobre los extensos programas de reconstrucción del tejido social que sirvieron de indispensable complemento de aquellos bien sucedidos esfuerzos policiales.
Se reclama en este momento más policías, uso de la fuerza estatal con menos restricciones, cárceles más grandes e infranqueables, fiscales y jueces implacables, y penas más severas. Pero eso no basta. Bajo cualquier consideración moral o pragmática, el descenso de un ciudadano al mundo del delito constituye un final lamentable. Un ecuatoriano preso o muerto no deja de ser una oportunidad perdida, un sacrificio de potencial humano irremplazable. Cada hecho de violencia —sea producto del crimen o de la legítima fuerza estatal— deja, además de la víctima, un reguero de daños que se extiende —el victimario, las viudas y viudos, los huérfanos, los testigos afectados—. Eso no se remedia solo con represión.
Ecuador era un país socialmente muy cohesionado para la región y hasta hoy se aprecia una firme correlación, por provincia, entre violencia y destrucción del tejido social. Si queremos recuperar la paz, no podemos dejar fuera de la conversación temas como la familia, la comunidad, la educación, el arte, los centros de capacitación, el acompañamiento psicológico o el deporte.