La reciente exposición de periodistas ecuatorianos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso nuevamente en vitrina la falta de garantías de seguridad en la cobertura del país. La crisis de seguridad ha conllevado un recrudecimiento dramático de la violencia contra el gremio. Asesinatos de periodistas siguen impunes, sin que su autoría intelectual haya podido esclarecerse. El Estado no cuenta aún con un protocolo de protección de periodistas acorde al momento que atraviesa el país. Ante ello, varios profesionales de la comunicación se han visto en la obligación de exiliarse u optado por renunciar a su carrera.
Aunque las autoridades se nieguen a verlo, una parte importante del futuro nacional está en juego en esta problemática. Hay fuerzas perversas que persiguen que el Ecuador se hunda silenciosamente en una condición de narcoestado. Quieren que la ciudadanía mire hacia otro lado, que nada se sepa de lo que sucede con las cárceles, de los problemas internos en la Policía, de la cruel violencia en las calles y en el campo, de la penetración del dinero sucio en la economía, del creciente poder de las mafias. Para lograrlo, necesitan silenciar, asustar a la prensa profesional e independiente. Si eso sucede, no habrá ya paz, perspectivas ni libertad para el ciudadano común, pero tampoco para la clase política. Esta parece no entender que, si se concreta ese escenario, será igualmente subyugada, que lo que hoy sufren periodistas, también lo sufrirá ella después.
Para evitar esto, se requiere una prensa libre y un Estado transparente, que no oculte información y que verdaderamente proteja a los periodistas.