Ante cada crisis de seguridad, el Estado la emprende contra los presuntos cabecillas de las bandas detenidos en los centros penitenciarios. Los exhibe de forma degradante en fotos para el enardecimiento de las masas y luego ordena de forma apresurada su traslado a algún otro centro. Sin embargo, como el país sigue siendo un estado de derecho, esos arrebatos tienen vida corta; más temprano que tarde, las abundantes brechas que dejan estos procedimientos improvisados llevan a que la Justicia los revierta y a que los supuestos cabecillas vuelvan a los centros de su preferencia. La Función Ejecutiva se lava las manos echándole la culpa a la supuesta corrupción de la Justicia y la ciudadanía se resigna a seguir revolcándose en un charco de frustración.
Si el Gobierno de verdad quisiera aislar, dentro de los límites constitucionales, a presuntos líderes de supuestos grupos de delincuencia organizada haría las cosas bien. Empezaría, por ejemplo, por poner a trabajar a la Policía en demostrar legal y prolijamente que estos estuvieron —si es que acaso así fue—, detrás de las matanzas carcelarias, de asesinatos de políticos y de la escandalosa administración de los centros en los que están confinados. Pondría a trabajar a los funcionarios del SNAI y a asesores jurídicos en demostrar que pese a que Óscar Caranqui, Telmo Castro y Leandro Norero fueron asesinados bajo custodia del Estado, o a que a ‘Rasquiña’ y ‘JR’ la muerte los encontró poco después de su excarcelación, el Estado sí será capaz de garantizar la vida de José Macias Villamar, alias ‘Fito’, tras un traslado. Si el Estado no puede hacer eso, debería dejar de apelar a chivos expiatorios y de manosear la fe ciudadana.