La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) debía darse en noviembre de 2021; es curioso y problemático que la propia ley no contemple qué hacer cuando las autoridades llamadas a cumplirla, no lo hacen.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) —entre su falta de organización y sus propios problemas políticos y legales— no cumplió los plazos del proceso; luego, los permanentes procesos electorales forzaron la prórroga de las autoridades; incluso recursos de protección, otorgados con laxitud por ciertos jueces y luego dejados sin efecto en instancias superiores, contribuyeron a la demora.
El resultado es una institución cuyos consejeros no se han renovado desde noviembre de 2018 y que, desde entonces, ha conducido ocho procesos electorales. Ancladas en sus puestos, las autoridades llevan una gestión hermética y silenciosa, muy distante de la opinión pública. En última instancia, se trata de un flagrante irrespeto a la Constitución que, por más que se escude en un amplio arsenal de pretextos, es ilegítimo.
Afortunadamente, la Procuraduría ha dado al CPCCS luz verde para continuar con la renovación. Solo queda esperar que, entre tantas obligaciones pendientes, ese ‘poder’ del Estado priorice este proceso. Aunque ninguna de las numerosas acusaciones de fraude se ha demostrado hasta ahora, el oportuno cambio de consejeros ayudaría a disipar los reparos de quienes todavía ven con sospecha, por la época en la que se dio, a la conformación actual. A la larga, el CNE debería gozar de legitimidad y de la aceptación incondicional de todos los sectores.