Luis Verdesoto, exconsejero electoral opinó que un Consejo Electoral “no puede estar blindado, ni por la fuerza, ni blindado por la maniobra de la interpretación jurídica”.
El 8 de octubre de 2023, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) repita la elección de vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí (cantón Quito, provincia de Pichincha), se abrirá una nueva etapa en la gestión de Diana Atamaint al frente del Consejo desde noviembre de 2018.
Junto a ella, los vocales Enrique Pita, Esthela Acero, Elena Nájera y José Cabrera también se mantendrán en el cargo.
Con el inicio de este nuevo periodo electoral, los consejeros continuarán siendo la máxima autoridad en el país con la inmunidad que les otorga la Constitución y el Código de la Democracia.
El artículo 16 de esta norma refiere que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales, ni en el funcionamiento de los entes electorales”.
El blindaje para los consejeros electorales continuará al menos hasta el 11 de diciembre de 2023, una vez que las autoridades electas en los comicios anticipados del 20 de agosto (primera vuelta) y 15 de octubre (segunda vuelta) hayan recibido las credenciales para poder asumir funciones, y aproximadamente hasta enero de 2024 cuando se podrían proclamar resultados de las elecciones en Calacalí.
Nuevo periodo electoral
El Código de la Democracia también dispone que se debe declarar el inicio del periodo electoral un año antes de que se celebren los comicios.
De acuerdo con los plazos, en febrero de 2024, los actuales vocales del CNE podrían convocar a las elecciones generales (en febrero) de 2025 para elegir presidente y vicepresidente de la República, y a 137 asambleístas para un periodo de cuatros años (2029). Las etapas eleccionarias incluyen tres fases: preelectoral, electoral y poselectoral. La organización de las elecciones de 2025 podrían tener su fin entre mayo y junio de 2025.
Alternancia detenida
Así, con una extensa y amplia carga electoral a cuestas, en el CNE quedará atrás un proceso de alternancia que debía ejecutarse desde el 18 de noviembre de 2021.
El artículo 18 de la Constitución ordena que el CNE se integrará por cinco consejeros principales y cinco suplentes y ejercerán sus funciones por seis años y se renovarán parcialmente cada tres años; dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda y así sucesivamente.
Sin embargo, esta disposición no se ha concretado porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) encargado de este proceso, lo ha dilatado con el pasar de los años.
Desde entonces las actuales autoridades electorales que están en funciones prorrogadas, en el camino también han buscado “atrincherarse”.
Desde abril pasado, el acceso a la prensa al edificio principal del CNE se restringió; se colocó un torno metálico y solo se permite el ingreso cuando las autoridades convocan a eventos oficiales o cuando previamente se ha confirmado una entrevista con alguna autoridad.
Al exconsejero electoral Luis Verdesoto, quien renunció a este cargo en abril de 2021 le llama la atención esta decisión. De acuerdo con su lectura, una de las mayores dificultades que existe es el excesivo empoderamiento que se da al CNE en periodos de campaña electoral. En todo caso, la exautoridad electoral opinó que un Consejo Electoral no tiene que estar blindado, ni por la fuerza, ni blindado por la maniobra de la interpretación jurídica, ni blindado por el olvido de la opinión pública, sino sustentado en la aceptación del sistema político y el tejido social.
El CNE también se desenvuelve en medio de denuncias de presuntas irregularidades que se habrían cometido en los procesos eleccionarios de 2019, pasando por los comicios generales de 2021, y del 2023, y que hoy forman parte de indagaciones en la Fiscalía General del Estado.
El 12 de septiembre, la Fiscalía respondió a un requerimiento de este Diario sobre el avance de las investigaciones de denuncias presentadas, por ejemplo, por Yaku Pérez, Blasco Peñaherrera, y Lucio Gutiérrez. El estado procesal está en fase de investigación previa al tratarse de asuntos de índole política, señaló la Fiscalía en su respuesta. Esta argumentación está sustentada en los artículos 472 (información de circulación restringida) y 584 (reserva de la investigación) del Código Orgánico Integral Penal (COIP), indicó la Fiscalía.
Desde junio de 2023, se ha solicitado una entrevista con la presidenta Diana Atamaint, pero hasta el momento no hay una respuesta favorable. El último pedido se realizó el 15 de septiembre. La respuesta al pedido es que la presidenta “al momento no está dando entrevistas, y que apenas se active la agenda, se comunicará”, informó la unidad de comunicación del CNE. (SC)
‘Situación de inestabilidad’
El exconsejero electoral, Luis Verdesoto, cree que el actual funcionamiento del CNE se inscribe en la situación de inestabilidad e irregularidad de las instituciones ecuatorianas.
De hecho, Verdesoto reconoció que existe una prórroga indefinida en las funciones de las autoridades “que no tiene razón de ser” y que va más allá que la Ley Electoral y el constituyente estableció. Dice que esto debería ameritar la intervención de la nueva Asamblea Nacional para una renovación radical y profunda del Consejo.
“Se están soldando encadenamientos de protecciones para evitar la renovación parcial del Consejo Electoral; creo que, a estas alturas, el Consejo Electoral, por un básico pudor frente al país debería dar lugar a la inmediata renovación una vez terminado el proceso del 15 de octubre”.
La renovación del CNE debe darse de modo muy preciso para superar las deficiencias de los últimos años, dijo. “Tiene que conformarse un CNE de absoluta probidad técnica extraordinaria con una visión de procesos electorales y con aceptación de todos los sectores políticos”.
Luis Verdesoto, exconsejero electoral
“Creo que, a estas alturas, el Consejo Electoral, por un básico pudor frente al país debería dar lugar a la inmediata renovación una vez terminado el proceso del 15 de octubre de 2023”.