Durante el feriado se suscitaron en diferentes zonas del país hechos sangrientos propios de los peores momentos de la crisis de seguridad. En Puerto López, cinco turistas fueron secuestrados y asesinados. En Manta, tres diferentes masacres ejecutadas con armas largas dejaron nueve muertos, entre ellos un militar. En Guayaquil, en un evento deportivo barrial, antisociales acribillaron al público; dejaron ocho muertos y una gran cantidad de heridos. ¿Qué van a hacer las autoridades?
Hace mucho que el Gobierno ya llevó a cabo las medidas más radicales, efectistas y fáciles de ejecutar. Nos encontramos en medio de un larguísimo estado de excepción, con permanentes toques de queda, contrataciones a dedo y la publicitada detención de miles de personas —en su inmensa mayoría rápidamente liberadas— y se concretó la retórica declaración de conflicto armado interno. Sin embargo, el tiempo pasa, el mero discurso no puede sostener ilusiones infinitamente y el país espera una verdadera política de seguridad, que ofrezca soluciones estructurales y sostenibles. Hasta el momento, no está claro qué es el Plan Fénix ni si existe.
Se promociona las incursiones en las cárceles y la detención de objetivos de alto valor, pero sigue pendiente el restablecimiento de la soberanía estatal en zonas críticas.
Hoy los ecuatorianos amanecemos con más impuestos pero los avances en el frente social de la lucha contra la inseguridad—educación, deporte, cultura, salud, nutrición— brillan por su ausencia. Las tácticas que ha usado el Gobierno hasta ahora no alcanzarán para comprarle tiempo hasta las elecciones.