Demasiadas veces se ha visto obligada la Corte Constitucional, en los últimos años, a decidir sobre espinosos asuntos de interés nacional. Ahora, ante una experiencia nueva para el país como la destitución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones anticipadas, se encuentra en una polémica situación que le ha valido hasta el airado reclamo presidencial.
Ante la incertidumbre reinante, así como ante las abundantes contradicciones y vacíos en la norma que empiezan a aflorar, la Corte Constitucional debería proceder con cautela y apegarse única y estrictamente a su tarea de control constitucional. Ir más allá, querer fungir como una suerte de Legislativo difuso, podría derivar en una irremediable distorsión del sistema político nacional y, especialmente, en su propio desprestigio.
Es comprensible que, frente a la innegable crisis de liderazgo que enfrenta la política nacional y al nerviosismo que produce la situación ‘sui géneris’ de un Gobierno sin contrapeso legislativo, varios sectores vean a la Corte Constitucional como el paladín al que acudir. Lo que es inadmisible es que, empujados por un malentendido de salvaguardar el ‘espíritu’ de la Constitución y empleando un arsenal de complejas y forzadas elucubraciones teóricas, los jueces se presten para ese rol de contrapeso político que no les compete en nuestro ordenamiento.
La Corte debe cuidarse, como todo actor e institución, de la peligrosa tendencia del electorado ecuatoriano a buscar redentores y padrinos. Mal le haría al país esta institución si termina siendo identificada —como a este paso sucederá— como adversaria de una tendencia en particular.