La política vigente de subsidios le resta autoridad moral al Estado ecuatoriano en sus esfuerzos por conquistar apoyo para necesarias reformas. A nivel externo, resulta difícil convencer a organismos multilaterales de que la situación es desesperada y de que se requieren recursos cuando, al mismo tiempo, la cuarta parte del presupuesto del Estado —más del 6% del PIB— se destina a subsidios.
A nivel interno, es comprensible la molestia de la población ante los sacrificios adicionales que se le exige mientras observa cómo sectores enteros, formales e ilegales, se benefician a manos llenas del derroche de fondos públicos en subsidios. Ello indica que el país no es tan pobre como a veces se intenta mostrar, sino que quienes lo conducen prefieren destinar una importante parte de sus recursos a una política miope y equivocada.
A estas alturas, no quedan ya argumentos racionales o técnicos válidos para defender el esquema actual de subsidios, la mayoría de los cuales fueron introducidos hace varias décadas. El sistema perdura por temor —algo que se reforzó tras octubre de 2019—, por cómoda inercia —que lleva a gobernantes a evadir el verdadero problema y concentrarse en nimiedades— o por un revanchismo emotivo absurdo, en el que un sector se juzga merecedor de ese beneficio, pese a que es nocivo e insostenible, solo porque otros sectores reciben otras prebendas.
En última instancia, se trata de una propuesta ineficiente e injusta y, por tanto, condenada a derrumbarse. Tarde o temprano, el país tendrá que optar por los ajustes necesarios; mientras más se postergue la decisión, más dolorosa será.