Siempre que un hecho sangriento se suscita en el país, la congoja viene acompañada de indignación ante la real posibilidad de que prevalezca la impunidad. En estos últimos días, se han producido crímenes de una gravedad inusitada. Brigitte García, alcaldesa de San Vicente y la más joven burgomaestre del país, fue asesinada junto a otro funcionario municipal. En Sucumbíos, en la noche del viernes, el cabo segundo Daniel Valencia, del Ejército, fue asesinado en una emboscada, que también dejó a otros tres soldados heridos. ¿Llegará la ciudadanía a conocer la verdad sobre estos hechos y podrá ver a los culpables —materiales e intelectuales— debidamente castigados?
El país no puede permitir que la situación de conflicto armado interno sirva de pretexto para que, movido por un inadecuado sentido de la resignación, el Estado deje de buscar el apropiado esclarecimiento de cada caso. Tampoco se debe tolerar, en estos tiempos de revelaciones de narcopolítica, que cualquier indicio de penetración del crimen organizado sirva —como sucedió en el caso de Agustín Intriago— para echar tierra prematuramente sobre las investigaciones. Es necesario desactivar esas estructuras criminales que, así como operan en las guerras internas del hampa, también pueden volcarse contra la ciudadanía.
Los asesinatos de militares también merecen la debida atención. Hasta ahora espera el país la verdad sobre la muerte del sargento José Chimarro en junio de 2022, y ya se suma un nuevo caso. El mismo cambio de actitud e inyección de energía que se ha visto, con el estado de excepción, en los patrullajes y prevención, debería verse en la investigación de los crímenes.