Mientras el Estado intenta mantener el orden en el territorio nacional, 158 guías penitenciarios y 20 funcionarios administrativos de prisiones permanecen secuestrados. Pese a las solicitudes de auxilio elevadas por guías y familiares, y a las crecientes sospechas de que algunos fueron ejecutados, no hay mayor información mientras las autoridades ‘negocian’ con los criminales.
Este angustiante episodio evidencia la dureza de las condiciones que deben enfrentar los trabajadores del sector carcelario. El país no puede hacerle frente a la actual crisis de seguridad sin encontrar soluciones reales para el dilema que representa el trabajo penitenciario.
Más de 2.800 funcionarios de prisiones trabajan en situaciones de extrema precariedad. Su curso de preparación es más corto y su salario menor al del resto de la fuerza pública. Tras las matanzas carcelarias de los últimos años, cuando se intentó mejorar su seguro de vida, la respuesta fue negativa. No llevan armas de fuego ni toletes, pese a que enfrentan una inferioridad numérica de más de diez a uno frente a los reos, que además tienen armas de fuego. No tienen acceso a las comodidades y tecnología de las que sí gozan los internos, y viven bajo las más estremecedoras amenazas y extorsiones. Incluso, en muchos casos, guías mujeres terminan a cargo de internos hombres.
En el contexto actual de matanzas carcelarias, fugas, secuestros y ausencia de control de las prisiones, el Estado necesita replantear las condiciones y reglas bajo las que operan los guías penitenciarios. Hay suficiente experiencia nacional e internacional para proponer alternativas.