La propuesta de la comisión para la reforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) —en la que tanta esperanza tenía puesta el Gobierno y que tomó seis meses de trabajo de expertos de gran calibre— ha nacido muerta.
La baja popularidad del Gobierno saliente y el auge de promesas, típico de campaña, hacen que la clase política rehuya este momento la discusión de un tema tan incómodo. Nadie defiende el valioso trabajo de la comisión de las injustas etiquetas —ideológicas y subjetivas— que le confieren y, de esa manera, el país pierde la oportunidad de enfrentar un problema urgente.
La crisis del IESS, que ya está en curso, no se resuelve aumentando la masa de afiliados; eso es simplemente aumentar el volumen del problema, como creer que se puede evitar el hundimiento de un barco mal diseñado incrementando su tamaño.
El sistema de seguridad social está diseñado en función de una realidad de crecimiento poblacional y económico que ya no existe.
En 1950, por ejemplo, Ecuador tenía una tasa de natalidad cuatro veces mayor, una esperanza de vida 25 años menor y los sueldos variaban muy poco a lo largo de la vida laboral. El IESS ha sobrevivido porque, desde entonces, la población se quintuplicó y el país vivió tres booms económicos —en los 50, los 70 y a inicios de este siglo— gracias a ciclos mundiales de crecimiento. Sin embargo, hoy somos un país con un número creciente de jubilados —que viven cada vez más—, con cada vez menos jóvenes, con diferencias inmensas de salarios y con escasas perspectivas de crecimiento. Mantener el sistema actual resulta aritméticamente imposible.