La discusión que se avecina de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza constituye una valiosa oportunidad para instalar la agenda de seguridad del país.
Es verdad, como señalan diversos juristas y exoficiales de la fuerza pública, que la propuesta no contempla nada particularmente novedoso y que no se debe vender a la ciudadanía la idea de que se liberalizará la violencia estatal —esa no es la solución—. Sin embargo, constituye un importante primer paso en la tarea de reformar el marco del Estado para enfrentar las nuevas circunstancias y permitirá transparentar las limitaciones y responsabilidades en materia de seguridad.
Postergar más el tratamiento de esta ley implicaba el creciente riesgo de convertirla en un chivo expiatorio perfecto para que las funciones del Estado se echen la culpa, unas a otras, del actual dilema. Ahora, con su discusión y con la comprensión de que no se trata de la panacea que pondrá fin a la ola de inseguridad, se abrirá la puerta a otras medidas también urgentes, pero menos populares.
Se ha empezado ya a abordar la regularización de extranjeros y es inevitable que, en poco tiempo, la atención recaiga sobre el desempeño de la Justicia y del Consejo de la Judicatura. También será necesario que la ciudadanía cobre plena conciencia de las limitaciones constitucionales y derivadas del ordenamiento internacional que enfrenta el Estado en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad de la que este es el mayor beneficiario..
Además del ataque a la integridad y la propiedad de los ciudadanos, está un curso una ofensiva mafiosa que busca cooptar las instituciones del Estado y que ya ha cobra vidas de sus funcionarios. Esto requiere nuevas herramientas y la ley en discusión es apenas la primera.