La mayor amenaza y peligro que enfrentan ahora el Ecuador, su democracia y su gente es el crimen organizado. Ningún otro fenómeno —político o económico— exhibe un afán comparable por corromper y subyugar todo el tejido social. Cada aspecto de la vida, privada o pública, está en la mira del hampa y el periodismo independiente no es la excepción.
En 2023 las agresiones contra la libertad de expresión, prensa y derecho de acceso a la información en Ecuador aumentaron 215% con respecto al año anterior —262 eventos, ocho veces más que en 2020—. Se trata de un incremento tan vertiginoso como alarmante, que acaece frente a un Estado que permanece impávido. A los asesinatos y exilios de periodistas, se suma la presión del crimen organizado sobre todos los ámbitos del oficio: voceadores y distribuidores de diarios impresos operan ante amenazas de ‘vacunas’; los pocos medios de comunicación locales y comunitarios que quedamos en las zonas violentas enfrentamos extorsiones permanentes; el dinero sucio contamina un mercado publicitario tan deprimido como el resto del sector privado.
A toda la sociedad le conviene proteger la capacidad de hacer periodismo independiente y autosustentado. Al crimen organizado le interesa imponer el silencio, controlar las narrativas y hacerse con las instituciones sin que nadie se dé por enterado. El Estado ha perdido el control territorial de ciertas zonas, pero la ciudadanía no puede perder ese último bastión que es el acceso a la información que surge de aquellos lugares.