Siempre es más fácil no hacer nada. El Gobierno del presidente Guillermo Lasso insiste en mostrarse como atado de manos en lo que respecta al gasto público. En su entrevista, el ministro Pablo Arosemena defendió el mantener el elevado gasto en sueldos de servidores públicos, amparándose en el argumento de que el noventa por ciento de ese gasto se va a salud, educación, seguridad y justicia, y que, por lo tanto, “solo queda poner el foco en el restante uno de cada diez dólares del presupuesto”. Se trata de un pretexto cómodo para, una vez más, no hacer nada y seguir perpetuando esa misma estructura económica viciada que tanto el Presidente —a lo largo de toda su década de campaña— como el ahora Ministro —en su época de ideólogo y analista— insistían que era indispensable cambiar.
Tanta resignación es innecesaria y sobre todo impertinente. Sí hay muchas reducciones que pueden hacerse, más allá de ese “1 de cada 10”. Pese a todos los anuncios, el Estado no ha vendido aún ni un solo de los activos de los que prometió deshacerse —Inmobiliar es el mejor ejemplo de ello—, lo que conlleva una pérdida constante de recursos por depreciación y un desangre permanente en la burocracia a cargo de ellos. Por otro lado, bien sabe el Gobierno que en esos sectores más ‘queridos’ —que consumen 9 de cada 10 dólares— también existe una inmensa cantidad de ineficiencia y gasto inútil, pero no parece dispuesto a auditarlos.
Bien podría el régimen ‘patalear’ un poco más antes de renegar tan fácilmente de sus convicciones económicas. Podría, al menos, insistir en sembrar conciencia entre la ciudadanía y presión política, en lugar de buscar apenas congraciarse con los mismos ganadores de siempre, como la burocracia o la minoría que tiene empleo formal.