Más de 7 de cada 10 dólares del presupuesto de 2023 irán a sueldos, subsidios y pagos de deuda

Las finanzas públicas siguen en un equilibrio precario. La mayoría del gasto se destina a áreas en las que los recortes son complejos de concretar.

Uno de los grandes problemas de la economía ecuatoriana es que los escasos ingresos que se pueden conseguir, sobre todo vía impuestos y petróleo, se quedan cortos para cubrir los gastos a los que está comprometido el Estado y el Gobierno de turno.

El problema se profundiza, de acuerdo con Carlos Robalino, economista, porque desde la Constitución de 2008 se estableció un sistema en el que se multiplican los derechos, es decir, las fuentes de gastos, pero no se establecen claramente las fuentes de financiamiento.

Esto se refleja en la proforma presupuestaria para 2023, que el ministro de Economía, Pablo Arosemena, entregó el pasado 31 de octubre de 2022 a la Asamblea.

El principal problema es que más de 7 de cada 10 dólares se van a sueldos de la burocracia, subsidios y ayudas sociales, pagos de interés y amortizaciones de la deuda pública.

Esos tres rubros representarán un gasto de $24.284 millones dentro de un total de alrededor de $31.502 millones para el funcionamiento del Estado durante el próximo año.

Sin embargo, los ingresos proyectados, sin tomar en cuenta la nueva deuda, solo suman $23.673 millones.

Por eso, analistas como Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, recalcan que la sociedad ecuatoriana debería comprometerse a un pacto para buscar formas de generar más ingresos y crecimiento económico de más del 4% durante 5 a 10 años.

Costo de la burocracia

El gasto en sueldos de los burócratas para 2023 sumará $9.886 millones anuales, o más de $27 millones diarios.

Más del 81% de ese gasto se irá en cinco sectores: Ministerio de Educación ($2.789 millones), Ministerio de Salud Pública ($1.851,49), Policía Nacional ($1.332 millones), Ministerio de Defensa ($1.208 millones), universidades y escuelas politécnicas públicas ($859,87 millones).

Según el Gobierno de Guillermo Lasso, el aumento es de más de $731 millones con respecto al presupuesto de 2022, sobre todo por la homologación salarial del magisterio y la contratación de más personal de salud y policías.

“Hemos hecho el presupuesto no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Más del 40% de la proforma es inversión social. Además, se está fortaleciendo los recursos para seguridad”, recalcó Pablo Arosemena cuando entregó la proforma 2023 a la Asamblea.

Peso de subsidios

En 2023, solo para los gastos corrientes de todos los sistemas de seguridad social, se tendrán que realizar transferencias por $3.109 millones. Esto representa más de $259 millones mensuales, los cuales en su mayoría irán al IESS, pero también a la seguridad social de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, esos montos no incluyen los pagos de la llamada deuda histórica, sobre todo con el sistema de salud del IESS. De acuerdo con Arosemena, esos pagos no se pueden presupuestar porque se irán reconociendo poco a poco luego de las auditorías a los servicios.

El segundo gran gasto en subsidios es el relacionado a los combustibles. Con un menor precio del petróleo, en alrededor de $65 por barril, y una supuesta focalización, se proyecta que el gasto será de $2.667 millones.

Casi el 54% se irá en diésel ($1.429 millones), seguido por un 27% en gas ($716 millones), un 17% en gasolinas ($456 millones) y el 2% restante en otros.

El monto dedicado a subsidios a los combustibles es casi equivalente al déficit fiscal (más gastos que ingresos) que el Gobierno está proyectando para el próximo año.

En otras palabras, el país se está endeudando para mantener un esquema ineficiente, el cual fue defendido por el movimiento indígena en el paro violento de junio de 2022.

Finalmente, el tercer gran componente de los subsidios son las ayudas sociales. Para 2023, el gasto por este concepto sumará $1.587 millones en siete bonos principales: Bono de Desarrollo Humano, pensión de adultos mayores, Bono Joaquín Gallegos Lara, pensión para discapacitados, bono de desnutrición, bono para personas afectadas por desastres naturales, bono para niños y adolescentes en situación de orfandad por femicidio.

La deuda pública

Como ya reportó LA HORA, entre enero y agosto de 2022, el Gobierno necesitó conseguir más de $15 millones de nueva deuda al día para cubrir todas necesidades del Estado y para pagar parte de los vencimientos de deuda anterior.

La brecha en las finanzas públicas se creó durante la década correísta, cuando el gasto público más que se duplicó y se acumularon más de $40.000 millones de déficit fiscales (más gastos que ingresos).

Esos déficits se convirtieron en deudas que el país sigue pagando. Para 2023, se proyecta que entre intereses y amortizaciones (pagos de capital) se deberá desembolsar más de $6.900 millones durante todo el año.

Esta carga representa cinco veces más lo que se gastará en obra pública o casi tres veces más lo que se destinará para compras de bienes y servicios.

Por eso, Carrera consideró que el presupuesto de 2023, a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno, sigue teniendo los mismos vicios y problemas estructurales de los últimos años. (JS)