Lo que se creía que serviría para prevenir abusos, ha terminado siendo, paradójicamente, una fuente de caprichosas arbitrariedades. Cuando en el actual diseño del Estado y de la Justicia se permitió que cualquier juez pudiese proceder con el control de constitucionalidad, se pensó que eso ayudaría al ciudadano. Se partía de que, así, jueces justos, competentes y bienintencionados podrían resolver con celeridad problemas legítimos que una Justicia inundada, centralista y anquilosada no alcanzaba a abordar. Sucedió lo contrario; ahora, sobran los jueces que, con absoluta desfachatez prestan oídos a pedidos audaces y maliciosos, y son capaces de mantener en la más angustiante parálisis a la sociedad y al Estado.
No hay ámbito que esté a salvo. El impacto en las grandes iniciativas empresariales y en el patrimonio estatal ha sido tremendo. La política, como el caso del Cpccs y su veeduría, o el del asambleísta electo Patricio Carrillo demuestran, está a merced de los reclamos aventureros. Se llega, incluso, a poner en entredicho lo decidido en las urnas, como se ve en los impedimentos para cesar la explotación petrolera del ITT. El mismo guion, con frecuencia, entorpece la lucha contra el crimen organizado.
El festín del desenfreno de las acciones de protección parece agudizarse. Preocupa que el accionar de tantos jueces sugiera que se necesita volver a la pesadilla de un Ejecutivo autoritario y entrometido para que la Justicia opere de forma al menos previsible. La dinámica actual premia a los irracionales y a los osados, y espanta a los inversionistas serios y entregados que solo quieren reglas claras. No podemos seguir así.