Casi 5 millones de ecuatorianos sobreviven con 3 dólares diarios. El fenómeno golpea con desproporcionada dureza a los adultos mayores y a quienes viven en áreas rurales.
En un contexto mundial de crecimiento y reducción de la pobreza, en el que gracias a la tecnología y el comercio muchos países progresan; Ecuador va en dirección opuesta.
La recuperación posterior a la pandemia no terminó de llegar y la fortuna de haberse mantenido a salvo de los recientes shocks externos y sin mayores desastres naturales tampoco incentivó los cambios necesarios. Con sus propias instituciones y su estructura estatal en sabotear su propio camino a la prosperidad.
Mientras las alertas sobre una crisis sistémica se apiñan —aumento de la pobreza y migración, falta de liquidez en las arcas fiscales, inseguridad, deficiencias en servicios básicos— la clase política se niega a despertar.
El país necesita un giro institucional y económico coordinado hacia la producción y la exportación, empezando por reformas educativas y laborales que potencien el capital humano desperdiciado, y una política nacional de reducción de la tramitología, las trabas y las medidas cautelares que entorpecen toda iniciativa, muchas veces sin razón. Preocupa que, en lugar de ello, prevalecen las opciones más costosas, y se prioriza mantener a la burocracia.
Ante el descalabro público, la gran oportunidad se presenta para el sector privado y la sociedad civil. Exigir respuestas y transparencia, rechazar la corrupción, organizarse para vivir mejor y guiar a quienes tienen menos oportunidades, son opciones válidas ante el evidente fracaso de un Gobierno que no optó más que por buscar su propio bienestar. La vara es baja para el Presidente entrante, pero la paciencia, quizá, es igual de escasa.