No sé si la falta de cultura financiera, la ignorancia o la desmedida ambición, han permitido que muchos ecuatorianos, y de toda condición social, hayan caído en la trampa del dinero fácil por medio de la oferta de pago de un interés del 90% semanal por parte de un presunto empresario que no tiene registro alguno en la Superintendencia de Bancos, Compañías ni SRI.
Todos los días los medios de comunicación social dan cuenta de una serie de delitos cometidos por funcionarios públicos y privados, ya sea por peculado, estafa, abuso de confianza, entre otros, pero al parecer nadie se ha dado cuenta de que recibir 900 dólares por “invertir” 1000 sea ilícito; pues la ambición anuló el discernimiento y razón.
Ante una impresionante oferta de altísimo interés, miles de personas vendieron casas, fincas, vehículos; hicieron avances con tarjetas de crédito, préstamos a entidades bancarias, a prestamistas chulqueros; en fin, una serie de transacciones para obtener capital lícito e invertir en una empresa fantasma que ya desapareció. Lo curioso es que quienes recibieron los primeros intereses, los reinvirtieron por medio de otras personas allegadas o familiares, a tal punto que perdieron capital e intereses; aquellos incautos que creyeron en el dinero fácil se quedaron con las deudas bancarias y sin inmuebles donde vivir.
El Art. 323 del COIP sanciona con una pena de 5 a 7 años a la persona que capte ilegalmente dinero. El bien jurídicamente protegido en esta clase de delitos es el ordenamiento económico, la protección al sistema financiero y al dinero de los particulares. Claro está que con el mal ejemplo de las más altas dignidades del país, ya nadie tiene temor de lo que pueda ocurrir al adecuar su conducta a un tipo penal, por grave que sea la pena; pues pagan con cárcel en un cincuenta por ciento y luego se van del país a disfrutar del dinero. Todo lo ocurrido nos hace pensar en la necesidad de crear una asignatura de finanzas.