Andrés Ojeda Sotomayor
Hace una década y media, se instauró en el país un narcoestado que institucionalizó el crimen organizado; corrompiendo al sistema judicial y penitenciario; abusando de los derechos humanos, así como de las garantías para procesados, sentenciados y prófugos de la justicia. La trata de personas, el tráfico de armas, órganos, divisas y narcóticos, son los delitos de mayor incidencia y poder; siendo que entre 2008 y 2010, se desmanteló el Servicio Secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Unidad de Investigaciones Especiales y Grupo de Apoyo Operacional de Policía, al igual que los servicios de inteligencia del Ejército, Marina, Aviación y Policía.
Detrás del caos, estuvieron implantadas agendas políticas oscuras, similares a otros regímenes que se perpetraron en Venezuela y Colombia para mantener la sumisión y opresión. Por nuestros días, el terrorismo sembró el pánico en la población civil, amenazando la estabilidad democrática. Extirpar la metástasis exige llevar a cabo una reforma constitucional parcial, y la única vía es admitiendo una consulta popular que suprima los privilegios de estas organizaciones. La enmienda debe contener un enfoque participativo, que incluya a la sociedad civil, expertos y representantes de diferentes sectores para asegurar que refleje las necesidades reales del pueblo ecuatoriano.
Por un lado, el gobierno debe enfrentar el control territorial de las estructuras criminales atacando las economías ilícitas, fortalecer el aparato estatal, los principios democráticos, la representatividad y la transparencia del sistema político; recuperar la lucha contra la corrupción y garantizar la integridad de la institución pública. Por otro lado, el sistema educativo debe reincorporar la asignatura de Ética Cívica en la malla curricular, que también fue eliminada en esos años; formando jóvenes con valores, conciencia, libertad de expresión, autonomía moral, igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia y respeto; para la erradicación de la dominación social.