Victoria Ramón
En los últimos días hemos observamos con creciente temor, cómo todo el país se vio presa del pánico por la violencia surgida en las ciudades ecuatorianas. Lo sucedido fue tan grave que obligó a la mayoría de la población a cambiar su tranquila cotidianidad, cerrar los negocios antes del atardecer y llegar prontamente a resguardarse en sus viviendas. La aparente vida “normal” se ha transformado en miedo, incertidumbre y desconfianza, agravada esta por la poca fe en la justicia. La ciudadanía indemne considera que el Estado les ha fallado. Inclusive, ya se habla de tomarse la ley por sus propias manos y legalizar la tenencia personal de armas para convivir de forma segura.
Atrás han quedado los momentos en que se vivía sin temor, salir tranquila a las calles y tener la certeza de regresar segura al hogar y ver nuevamente a la familia.
La respuesta del Estado ha sido “contundente”. Se ha reducido a implantar un nuevo estado de excepción en las zonas más peligrosas, y en los últimos días, trasladar masivamente a las personas privadas de libertad. Pero realmente, lo que requiere el país es recobrar la confianza de que aun podemos trabajar en ambientes seguros para salir de la dura crisis que nos agobia.
El problema de la inseguridad es estructural y extremadamente peligroso. Está de por medio, la existencia misma del propio Estado. En consecuencia, las soluciones deben ser coherentes con la realidad actual bajo una política criminal adecuada. De no emprenderse los correctivos necesarios, las consecuencias serán funestas, como sociedad, en el mediano y largo plazo. Es hora de actuar ya.