María Fernanda Idrobo
Durante aproximadamente once años, el derecho a la educación superior se rigió en un sistema de ingreso que desarrolló como instrumento principal la aplicación de exámenes estandarizados y de conocimientos generales, principalmente. Desde ese momento miles de jóvenes se han quedado sin ingresar a la Universidad, debido a las diferentes realidades y preparaciones educativas, destacando principalmente la zona rural de la urbana. Con todo esto, y existiendo en el proceso pros y contras, la admisión vuelve a ser responsabilidad de cada Universidad.
El Presidente Guillermo Lasso suscribió el jueves pasado, el decreto ejecutivo con el que se establece el nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). El mismo que consta de setenta y tres artículos, doce disposiciones generales, ocho transitorias, una reformatoria y una derogatoria. Dentro del documento se contempla aspectos relativos al financiamiento, elección de autoridades, igualdad, calidad de la educación superior, autonomía universitaria, registro de títulos y más.
En este contexto la Unión Nacional de Educadores reconoce el derecho y capacidad que tienen las Instituciones de Educación Superior como parte de su autonomía a desarrollar procesos de admisión propios. Sin embargo, al existir gran cantidad de jóvenes rezagados y sin cupo el problema va más allá de quien recepta o ejecuta la evaluación.
Pues dentro de los derechos fundamentales como el de la educación, se materializa a través de la inversión económica, calidad de docentes y educación, infraestructuras, etc. Los mismos que han tenido controversia durante el presente periodo de Gobierno, sin embargo, eliminar el examen es un primer paso pero no es suficiente si está medida no viene acompañada de los procesos necesarios, más aún cuando la demanda supera la capacidad de las Universidades.