Pablo Javier Villavicencio García
La migración obligatoria por la delincuencia en Ecuador es una realidad que aqueja a miles de ciudadanos. La creciente inseguridad ocasionada por las organizaciones criminales y mafias en el país ha llevado a muchas personas a tomar la difícil decisión de abandonar sus hogares y buscar refugio en otros lugares.
En este contexto, es importante recordar que el derecho a la seguridad es un derecho fundamental consagrado en la Constitución del Ecuador. Esto implica que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de protegerlos de la violencia y la delincuencia. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
El sistema judicial ecuatoriano está plagado de deficiencias y debilidades que impiden que en la mayoría de procesos penales por delitos contra la vida no se haga justicia. La falta de recursos y la corrupción son solo algunos de los problemas que afectan a este sistema judicial. Esto se traduce en una impunidad casi total para los delincuentes, lo que hace que la población se sienta vulnerable y desprotegida.
Ante esta situación, la migración se convierte en una opción cada vez más atractiva para aquellos que buscan escapar de la delincuencia y la inseguridad. Sin embargo, la migración forzada no debería ser la única salida para una población que merece vivir en un país seguro y justo. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y tome medidas efectivas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Una de las medidas más importantes que debería tomar el Estado es la de fortalecer el sistema judicial, realizar una limpieza de Jueces y Fiscales que permiten arbitrariamente medidas sustitutivas a la prisión a delincuentes que han cometido delitos graves contra vida o al Estado. Esto implica invertir en recursos y en la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También es necesario combatir la corrupción y la impunidad, para que los delincuentes sean realmente castigados y la población recupere la confianza en el sistema judicial. Lamentable darse cuenta que estas ideas sean solo utopías lejanas y casi imposibles.