La pandemia por covid ha detonado una explosión social en todo el mundo, pero particularmente en América Latina. El principal indicador de ese impacto es el crecimiento de la pobreza extrema en nuestra región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ecuador, en ese contexto, también evidencia el mismo efecto. El ‘coletazo’ económico y social de la pandemia ha golpeado la frágil economía de la mayoría de las familias del país, especialmente de aquellas más pobres. También ha dejado como consecuencia no solo el crecimiento de la pobreza extrema, sino también el crecimiento de la desigualdad social.
Luego de dos años de pandemia, la recuperación económica no ha sido suficiente como para alcanzar los niveles de empleo necesarios, así como tampoco ha sido suficiente la inversión social gubernamental. La recuperación de la capacidad adquisitiva de los hogares ecuatorianos es un pendiente aún.
Nadie puede negar que los efectos de una crisis agudizada por la pandemia son los ingredientes adecuados para disparar fenómenos sociales negativos como la violencia, la inseguridad y la desobediencia civil. Súmele la delincuencia transnacional y el narcotráfico: tenemos como resultado ‘la tormenta perfecta’. Es un escenario difícil de administrar y cuya recuperación podría tomar muchos años.
A esa tormenta la debemos enfrentar todos juntos. Es momento de potenciar los procesos de diálogo social que permitan sumar las ideas, los conocimientos, las necesidades y las voces de la sociedad civil y el gobierno. La toma de decisiones para enfrentar esta crisis debe ser el fruto de un acuerdo social, urgente e imprescindible.
Sin duda alguna, el camino más efectivo será aquel que incluya a todas las voces, sin perder de vista la equidad social, la adecuada redistribución de la riqueza y una real lucha contra la pobreza desde la justicia social; a través del fortalecimiento del aparato productivo, de la creación de condiciones para el emprendimiento y la inversión, con responsabilidad social y laboral.