Las autoridades aseguran que están comprometidas a bajar el gasto, pero el presupuesto estatal para 2022 aumentó un 4%. Los recortes grandes llegarían desde el próximo año.
Una de las principales críticas que recaen sobre el aumento en el impuesto a la renta de las personas naturales es que, como contraparte, no se ve un esfuerzo real del Gobierno por reducir “el obeso sector público y su burocracia ineficiente”.
Así, por ejemplo, María Luisa Carrera, abogada y docente, comentó que no tendría problema en pagar más al fisco si la gran parte de los recursos no se malgastaran o despilfarraran para mantener una estructura estatal que ni siquiera da buenos servicios.
Para 2022, el presupuesto presentado por la administración de Guillermo Lasso establece un aumento de casi el 4% en los gastos totales, en comparación con 2021. En concreto, se proyecta gastar $27.898 millones en todo el año, o alrededor de $77,49 millones diarios.
Altos pagos pendientes
El ministro de Economía, Simón Cueva, aseguró que ese mayor gasto se da por mayores transferencias sociales, a Gobiernos locales, y pagos de intereses y amortizaciones de deuda.
Sin embargo, Verónica Rodríguez, economista, dice que no hay cambios sustanciales con respecto al manejo presupuestario del Gobierno anterior.
“Se ha repetido muchas palabras como eficiencia y prioridades, pero se sigue castigando la inversión pública (obras y mantenimiento); mientras los principales problemas no tienen estrategias de solución”, dijo.
El ajuste en serio comenzará en 2023
José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, aseguró que el ajuste en el gasto público si es una prioridad, pero no se podía hacer de buenas a primeras sin antes entender la funcionalidad de cada sector.
Desde 2023, y una vez que se espera que se consolide la recuperación de la crisis pandémica, el Gobierno prevé encaminar todos sus esfuerzos para reducir los egresos estatales en alrededor de $3.000 millones, o 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
En primer lugar, Castillo puntualizó que se avanzará gradualmente en la focalización del subsidio a los combustibles. Esto quiere decir que el congelamiento de precios, decretado a finales de 2021, solo se mantendrá hasta tener una solución definitiva para compensar a los sectores más pobres y la transportación.
“La discusión de si es bueno o malo el subsidio tiene que superarse porque claramente la estructura que se mantiene es ineficiente y contraproducente con políticas relacionadas con el ambiente. Asimismo, es tremendamente inequitativa”, dijo
El horizonte a mediano plazo es de precios e importación de combustibles totalmente liberados.
Reducción de personal
En segundo lugar, también se trabajará en reducir la masa salarial “de manera gradual y coordinada”. El enfoque será eliminar duplicidades en funciones e instituciones, además de nuevas contrataciones con menores sueldos.
En tercer y cuarto lugar, de 2021 a 2022 se están realizando auditorías financieras a toda la banca pública, empresas estatales y Gobiernos locales. Con eso se espera corregir el malgasto y despilfarro.
Dentro de la banca pública, también se hacen auditorías para concretar la fusión entre la Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banecuador.
Combatir la ineficiencia en las compras públicas
Cuatro de las acciones para reducir el gasto improductivo están relacionadas con reformas y mejoras en el sistema de compras públicas. En ese sistema, a través de procesos fraudulentos, se pierden al menos $1.500 millones cada año.
Uno de los principales problemas es que detrás de modalidades como la llamada subasta inversa se encubren prácticas como que un mismo proveedor pueda participar a través de ocho empresas.
Para enfrentar esto, Castillo recalcó que se está trabajando con el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop) para mejorar el registro de información de beneficiarios finales. El objetivo es alertar tempranamente riesgos relacionados con corrupción y lavado de dinero.
Compras irregulares en pandemia
Por otro lado, se ha decidido auditar los 100 contratos más grandes, como respuesta a los exámenes de Contraloría sobre irregularidades dentro de los procesos por la emergencia de la COVID-19.
Como un primer resultado de esos esfuerzos, el 13 de enero de 2022, Sercop entregó 14 denuncias en Fiscalía sobre seis delitos encontrados en compras públicas: falsificación de documentos, tráfico de influencias, ataque a la integridad de sistemas informáticos, cohecho, estafa y peculado.
LA HORA pidió mayores detalles sobre esas denuncias y reformas que se buscan implementar para reducir las pérdidas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta desde Sercop.
Mejorar la contratación pública
El viceministro Castillo puntualizó que la contratación pública necesita mejores sistemas tecnológicos, y aspectos aparentemente tan simples como la interconexión con otras bases y sistemas dentro del mismo Estado.
Además, también se deben hacer cambios para reducir el creciente número de procesos que se declaran desiertos; o que se realizan con un solo oferente (40% del total), a pesar de que se catalogan como supuestamente competitivos. (JS)
Nuevos impuestos y contribuciones no solucionan el problema fiscal
De acuerdo con José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, la reforma tributaria no soluciona los problemas del Estado.
“Es una reforma moderada, pero que contribuye estructuralmente a modificar los déficits fiscales que se han mantenido por años”, dijo.
Es decir, el hueco entre ingresos y gastos no se va a cubrir con lo que se recaude con el aumento en el impuesto a la renta y la creación de las contribuciones temporales sobre el patrimonio.
En 2022, por impuesto a la renta de las personas naturales se tendrán ingresos por $72 millones; mientras las contribuciones darán alrededor de $728 millones. Sin embargo, el déficit fiscal proyectado será de casi $3.000 millones.
En 2023, la recaudación adicional será de $1.129 millones (renta y contribuciones); y a partir de 2024, ya sin el impuesto temporal sobre el patrimonio, el fisco recibirá $662 millones todos los años.