Si se analizan objetivamente los males que aquejan a nuestro país, hemos de encontrar su raíz en la malhadada constitución de 2008, que no es otra cosa que el plano de la arquitectura perversa diseñada para un estado totalitario.
Se comienza con desconocer al Ecuador como un ESTADO DE DERECHO, que es un concepto sustancial de la democracia y se lo sustituye por un “estado constitucional de derechos y justicia”, que no pasa de ser una adjetivación de un ente que bien pudo describirse también con otros calificativos, sin que ello cambie la esencia del ente público que se creó con una función encargada de la designación de las principales autoridades del país a gusto y sabor del titular de la función ejecutiva que la controlaba.
Cooptado el Consejo Nacional Electoral, se aseguraban los triunfos electorales que uno tras otro arrojaba autoridades vinculadas al gobierno y una cómoda mayoría parlamentaria.
Luego se metió la mano en la justicia y se diseñó un sistema administrativo y de selección de jueces que garantizarían los resultados esperados por el gobierno, con lo que todo el poder quedaba en manos del presidente de la república y se entronizaba un sistema de impunidad total. Súmese a ello el control de la prensa que por las buenas o por las malas, debía responder al gobernante, y se tendrá una película completa del proyecto político que solamente fue interrumpido porque uno de sus más queridos compañeros se viró, pero la estructura quedó intacta; por ello se conceden amnistías a la carta y habeas corpus absolutamente ilegales que, por extraña coincidencia, son sumisamente ejecutados.
Si no cambia la Constitución no cambiará nada; si cabe una consulta popular debe estar orientada a lograr que el pueblo autorice la derogatoria de la actual y la vigencia de una Carta Constitucional democrática, mientras se expide una nueva constitución.