Joffre Villalva Cassanello
La minería ilegal es una actividad extractiva que se lleva a cabo sin los permisos y regulaciones establecidas por las autoridades competentes dentro de las márgenes de la mayoría de los ríos de la Amazonía. Esto causa sin ninguna duda graves daños ambientales, como la deforestación, la contaminación de ríos y la pérdida de biodiversidad; es sostenida por las coimas entregadas a las autoridades que deben evitarlo y a menudo dicha minería está vinculada con actividades delictivas como el tráfico de personas, el lavado de dinero y la violencia. Consecuencias negativas de la minería ilegal son:
- Daños ecológicos: la extracción antitécnica y de forma descontrolada de las montañas y ríos en busca de los minerales destruye los ecosistemas, contamina el agua y el suelo, y pone en peligro la flora y la fauna, la vida de los campos cultivables y la salud de todos los moradores.
- Condiciones laborales precarias: todos los hombres mujeres y niños contratados por los mineros ilegales suelen trabajar en condiciones inseguras, sin un pago justo por sus horas de trabajo y sin equipos de protección adecuados; por lo cual siempre están expuestos a riesgos de salud.
- La evasión de impuestos: para todos es conocido la falta de ánimo en lo de pagar impuestos, estas actividades ilegales no generan impuestos, al operar al margen de la ley, la minería ilegal no puede considerarse una actividad por la cual podrías emitir una factura ni pagar los impuestos correspondientes, privando al Estado de tales ingresos.
- Conflictos sociales: en algunas regiones, la minería ilegal ha generado enfrentamientos violentos entre grupos criminales, comunidades locales y autoridades, y esto casi siempre es por la falta de acuerdos en las coimas no por defender a los pobladores ni para sostener la aplicación de la ley.
- La pérdida de ingresos legales: la competencia desleal de la minería ilegal resta oportunidades y ganancias a la actividad minera formal y regulada, de hecho, quienes ganan son los que alquilan las máquinas retroexcavadoras.
El Gobierno debe reforzar las leyes y los controles para combatir esta actividad ilícita, mediante operativos de interdicción, sanciones ejemplares y el fomento de alternativas económicas sostenibles para las comunidades vulnerables. Fomentar la participación comunitaria: Involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones y la vigilancia de las actividades mineras, para generar un sentido de corresponsabilidad, sería apenas el primer paso.
- Combatir la corrupción: implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar la colusión entre funcionarios y grupos dedicados a la minería ilegal.
- Cooperación regional e internacional: Colaborar con otros países de la región para intercambiar información, realizar operaciones conjuntas y desarticular las redes delictivas transnacionales relacionadas con la minería ilegal.
- Trabajar con el ejército y con drones haciendo fotografías para operaciones de capturas nocturnas en los territorios.
- Es fundamental abordar las causas subyacentes, como la pobreza, la falta de oportunidades y la debilidad institucional, para ofrecer alternativas viables a quienes se ven tentados a involucrarse en estas actividades ilegales.