La presidenta Llori, logró quedarse en el cargo por un voto. Una votación de la cual ganó más el Gobierno que la propia Llori. Una Asamblea presidida por UNES y acompañada por el PSC, no era algo que el ejecutivo podía permitirse, pues en esa cohabitación, solo habríamos visto un legislativo con ínfulas obstruccionista y filibusterismo, sin agenda legislativa y peor de país. Al margen de la ley buscaron colocar a la nueva configuración de fuerzas de la Asamblea al frente del Consejo de Administración Legislativa, impugnando a 4 de 7 miembros del CAL y, creo que es ahí donde les fallaron los cálculos, por ir por el todo o nada. El actor clave ahí era y sigue siendo Virgilio Saquicela, el Primer vicepresidente que por sucesión legal tendría que asumir la Presidencia en reemplazo de Llori, era el actor clave que debían convencer las fuerzas contrarias y, su capacidad para encontrar puntos de encuentro y espacios en los que ceder a favor de todas las bancadas del legislativo era fundamental.
Más allá del pacto entre UNES y PSC para lograr la Presidencia, fue la misma debilidad de Llori y de la bancada de PK, lo que provocó esa votación. La división entre los rebeldes y quienes componen el bloque legislativo, en un partido fraccionado en 2 grupos legislativos, causa de sus propios problemas internos y las fisuras que mantienen con la CONAIE como su brazo social y organizador.
Por otro lado, respecto a las amnistías, ninguna corte o juez de ningún nivel debería poder rever, porque laceraría las atribuciones políticas del órgano.
Las amnistías tenían que darse a todos, sean cercanos al Gobierno o no, a correístas, de la CONAIE, PK o líderes sociales. La regla era sencilla, si el delito devenía o se originaba con fines políticos, es producto de una amnistía. Delitos como la sedición, el terrorismo o el sabotaje, rayan en la definición de delitos políticos, por el contrario, los delitos de carácter individual, como los derechos a la integridad física y sexual de las mujeres policías que pudieron haber sido agredidas en octubre, no prescriben y la garantía de denuncia debe seguir vigente y no pueden ser productos de amnistías.