Históricamente, las guerras se han desarrollado según las relaciones de poder existente entre los contendientes, donde quienes tenían la capacidad armamentística y ejércitos predominantes, imponían las reglas, medios y métodos para la confrontación.
A partir de este antecedente, el derecho internacional público, a pesar de tener conciencia de que no se pueden erradicar las guerras, hizo un esfuerzo por, al menos, determinar límites a las mismas. En este marco, se conformaron las cuatro Convenciones de Ginebra de 1864, 1906, 1929 y 1949, respectivamente, donde se identificaron ciertos estándares mínimos para el mejoramiento de la suerte de los combatientes heridos o enfermos en los ejércitos en campaña; para los combatientes enfermos o náufragos de las fuerzas armadas en el mar; para el mejoramiento del trato debido a los prisioneros de guerra y para la protección de las personas y bienes civiles en tiempos de guerra.
Con esto, nace el derecho internacional humanitario que determina restricciones en el uso de las armas y métodos de guerra, protegiendo, además, a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades.
Con este antecedente, la cuestión es saber si estos principios mínimos se están aplicando en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Se ha visto en los medios de comunicación que existen bombardeos indiscriminados en ciudades y pueblos, en zonas residenciales y bloques de apartamentos civiles del territorio ocupado; en instalaciones sanitarias, escuelas y guarderías, sin que sean objetivos militares; e incluso el uso de armamento prohibido por el derecho internacional humanitario como son las bombas de racimo. Estos ataques, definitivamente, se constituyen en crímenes de guerra y de lesa humanidad, que, por cierto, ya están siendo investigados por la Corte Penal Internacional.
En definitiva, la guerra tiene límites, pero las autoridades de los Estados beligerantes los inobservan, incluso teniendo conocimiento de la probable configuración de responsabilidad penal que podría declarar la justicia internacional del Tribunal de La Haya.