En las democracias liberales, las constituciones son en gran medida el sentido sedimentado de cómo nos vemos o queremos vernos como nación, son esa serie de valores que confluyen en texto cargado de simbolismo y alegorías que reflejan un monto de quiebre institucional y, de los valores construidos por el estado-nación. En una constitución depositamos nuestros anhelos, cómo esperamos regirnos en la parte orgánica y qué valores (derechos) creemos y queremos proteger, en la parte dogmática.
La constitución de 2008 fue de devenir de años que confluyo en Montecristi, los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad y el agotamiento del modelo de economía social de mercado, estaban agotados y algo tenía que reemplazar.
Con la crisis de partidos y el surgimiento de Alianza País, se dio la apertura para el contraataque contrahegemónico al régimen de ideas impuesto.
Montecristi significó la afluencia de principalmente las ideas progresistas, fue una pluralidad limitada a los bordes estrechos de todas las fuerzas del centro a la izquierda del plano ideológico social y económico.
La consulta popular para aprobar la carta magna se aprobó, no tanto por un consenso alrededor de esos valores, en una constitución bastante extensa y garantista, pero, con innovaciones institucionales que hoy nos están costando, sino en buena medida como reflejo del rechazo al sistema de partidos y al régimen pasado, en general todo lo que se dio entre el retorno a la democracia y el 2006.
Hoy, la CRE está en constante ataque, se cuestiona las garantías jurisdiccionales o el modelo de cinco funciones, que redujo capacidades y atribuciones al legislativo en mérito de nuevos órganos, entre esos el Consejo de participación.
La consulta popular de 2018 es prueba de esa crisis de la norma suprema, cambiando el método de designación de los miembros del CPCCS y, justificando un poder sin límites al transitorio presidido por Trujillo.
Creo que, no le queda mucho a esta constitución para sufrir la de sus más de 20 antecesores y, solo hace falta la correlación de fuerzas suficientes para promover una nueva Asamblea Constituyente, que nos dé un nuevo texto constitucional.