La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc), declaró al 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, esto con la finalidad de crear una conciencia en contra de este mal que aqueja a la sociedad, principalmente en países como el nuestro, en el cual, y de forma lamentablemente, de a poco las prácticas reñidas con la ley y la moral se van instituyendo, y constituyen un requisito sine qua non en todo trámite público principalmente.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2021 publicado por
Transparencia Internacional (TI), de entre 180 países, Ecuador, según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, se ubica con 36 puntos sobre una escala de 100, donde este último valor representa muy transparente. Difícilmente esto nos sorprende, pues a mala hora, nos hemos terminado acostumbrando, la desconfianza en la justicia y autoridades públicas, además de despertarnos ciertos pataleos temporales cuando surgen escándalos, terminan acumulando ese grado de frustración al tener que aceptar que todo debe seguir igual o peor. La fórmula para una solución a largo plazo, trillada por cierto, sabemos que es la educación, y precisamente es por la que casi nada se ha hecho durante años, lo cual nos condena a una triste realidad quizá peor a la que atravesamos, donde el denunciante corre el riesgo de convertirse en perseguido por quienes se sienten amenazados o incómodos por evidenciar actos de corrupción, y los verdaderos delincuentes hacen gala de una justicia acomodada a intereses ajenos a los de la sociedad, expidiendo sentencias a la carta.
La política pública de transparencia resulta escasa, pese a existir una ley que exige permanente información de cada ente público, prácticamente el control es nulo y la necesidad de que dicha norma se adapte a la realidad actual es imperante. Así también, los esfuerzos de las instituciones públicas en implementar mecanismos que disuadan prácticas corruptas resultan ser poco prioritarias, preocúpese, porque según la OCDE la corrupción incrementa en un 10% el costo de hacer negocios y disminuye en un 5% las inversiones, esto conlleva menos plazas de empleo, más burocracia creada para entorpecer trámites, menos inversión social, entre otros. Ocúpese entonces, en al menos exigir a los entes que regentan sus tributos municipales la implementación de mecanismos y herramientas donde visualice el fin que se da a sus contribuciones.