El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no solo elige a las dignidades de las más altas funciones del Estado, tiene su rol de capacitación para promover la participación ciudadana garantizando que los gobiernos seccionales, cumplan lo que dice la Constitución en los Art. 95 y 100, el Cootad y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y que muchos de ellos, se ufanaron con ordenanzas copionas de la Ley pero, sin capacitación, sin voluntad política, sin orientación real y comprometida.
Los discursos de este organismo, desde un inicio, dieron repudio por su falta de preparación interna, pues no refleja independencia, honestidad. Ha sido intervenida en una ocasión para su evaluación y “limpieza”, sin embargo, es tan partidizada que se cuestiona su utilidad y funcionalidad política y de transparencia.
Este organismo, en sus discursos creyó inaugurar la participación ciudadana después del 2008 y alimentó las pugnas políticas y los escándalos por falta de efectividad y calidad moral. Seguramente existirán contadas excepciones entre sus funcionarios, pero su institucionalidad en sí misma, está enferma crónicamente.
Nadie da cuenta, de su incidencia en los gobiernos seccionales sobre la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana y lucha contra la corrupción, de su observancia, vigilancia y acción continua a la transparencia. No existe una evaluación eficiente sobre su rol en el empoderamiento a la sociedad civil para el ejercicio pleno de sus derechos en la planificación territorial en los GAD del Ecuador.
No es por intervención de esta institución que varios gobiernos seccionales han mantenido procesos ciudadanos conscientes, amplios y verdaderos. Muchos de ellos se encuentran activos desde 1996 y han permanecido pese a los cambios políticos. Nada le deben al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, el Estado ecuatoriano, debe seguir invirtiendo en una cuestionada institucionalidad, funcional al poder político de los partidos.