Gonzalo Yépez
La designación de Contralor General del Estado, sin titular desde hace 6 años, ha dejado a las claras la debilidad administrativa y jurídica de nuestro país, y la falta de un verdadero marco jurídico que sostenga procesos claros para nominar a las autoridades de control.
Mucho tiene que ver la intromisión política de ciertos sectores que disfrutan con la impunidad, la postergación y otros males de nuestro país, que dejan a las claras el manejo sucio de la cosa pública. Mucho tiene que ver también, esta intromisión, en la designación de autoridades, llamadas a ejercer un control exhaustivo en el manejo de los fondos públicos.
Carlos Pólit Faggioni, Contralor del Estado en el tiempo del correísmo, dejó el cargo hace 6 años, por actos de corrupción, y desde allí el CPCCS dejó el encargo a Carlos Riofrío González, pero ni siquiera en el período de 5 años este organismo pudo nombrar al nuevo Contralor. Vinieron una serie de argumentos políticos, disfrazados de jurídicos, acciones de protección y medidas cautelares que se han puesto de moda y ¡Viva la fiesta!: Una Contraloría maniatada y supeditada a oscuros intereses de quienes les conviene su fracaso. Una Contraloría incendiada hace cuatro años por estos mismos intereses, respaldados por un supuesto levantamiento popular.
¿Hasta cuándo Ecuador debe observar con asombro estas atrocidades? Este proceso declara a viva voz una vergüenza pública en el espectro internacional. Este hecho se suma a otros en los que Ecuador ganó notoriedad, como, por ejemplo, el caso de los 7 helicópteros Dhruv, donde se presume que el General Gabela fue asesinado por denunciar anomalías. En 2009 la Fiscalía inició la indagación previa por presumir un delito de peculado. Toda una novela con innumerables capítulos hasta que en junio 2023 un juez nacional dictó sobreseimiento a los procesados porque AQUÍ NO HA PASADO NADA. ¿Qué cosas, no?