Mesías Mestanza Solano
El Estado ecuatoriano, por medio de sus instituciones, ha confiado la sagrada misión de administrar justicia a un juez, quien debe estar provisto de sabios conocimientos, honestidad, rectitud, probidad y muchas otras mínimas cualidades; al menos, así debemos entender.
El juez o jueza será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
Un conocido jurista sostenía que hay tres clases de jueces: los honestos, que son honrados y están en constante preparación; los corruptos, que pueden en algún momento corregir su actitud; y los cobardes, que jamás lo harán. La responsabilidad de administrar justicia es muy delicada, no solo porque depende del nivel técnico jurídico del juzgador, sino, además, de su formación y temple para dictar resoluciones sin temor ni favor. Diremos entonces, que la aplicación de la ley debe sujetarse estrictamente a la letra (de forma literal), siendo prohibido para el juzgador hacer una interpretación extensiva, de lo contrario, se afectará la seguridad jurídica que no es sino el respeto a la Constitución y demás leyes ecuatorianas.
La responsabilidad civil de un juez tiene como consecuencia la reparación del daño causado al usuario de la justicia; mas, su responsabilidad penal se paga con penas, lo cual, para un magistrado revestido de potestades especiales, puede significar el fin de su carrera y un daño terrible para la sociedad.
Cierto es que, dada la complejidad de un caso legal, un juez puede equivocarse de buena fe, pero, quien modifica la ley para satisfacer a quien no tiene la razón, debe ser juzgado drásticamente para que sirva de escarmiento.
Los hechos ocurridos recientemente en el Consejo Nacional de la Judicatura, en relación con el juzgamiento del juez Macías, han dejado en mal predicamento a la justicia ecuatoriana, porque nadie puede aceptar que 2 es más que 3.