Mesías Mestanza Solano
El COIP es el Código que tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las acciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.
Las leyes avanzan conforme lo hace la sociedad y las nuevas formas de delinquir que se han importado desde los países vecinos; sin embargo, debo advertir que no soy muy partidario de los aumentos de las penas, sino de la correcta aplicación de las que ya existen.
Lo que hay que reformar es la mente de ciertos jueces, fiscales y abogados, para que hablemos el mismo idioma dentro de los principios de honradez, honestidad y probidad.
Cuando noté un trabajo acelerado de la Asamblea, me preocupé. Hasta pensé que estarían enfermos, pero no… lo que sucedió fue que introdujeron dos normas, a saber: a.- el aumento de una causal para el recurso de revisión, a efecto de que toda sentencia condenatoria pueda quedar en la impunidad en algún momento, y b.- que la investigación previa reservada se notifique a la Asamblea, es decir, que sea pública, para así dejar en la impunidad los delitos… Bueno, nuestros asambleístas creen que somos tontos ¿o qué?
Las leyes no se crean para determinadas personas, a la carta o con dedicatoria, éstas son para el conglomerado social en general. Si este proyecto llegara a pasar en la Asamblea, nos convertiríamos en el país más corrupto del mundo, motivo suficiente para que el Ejecutivo lo vete. Pregunto: ¿son culpables los legisladores, o nosotros los votantes, que nunca sabemos elegir?
Es claro que a nivel de Asamblea no hay una última palabra; pues el debate del proyecto de reformas al COIP solo está suspendido; sin embargo, considero que no pasará norma alguna que viabilice la corrupción, porque el pueblo está pendiente de aquello, y la Sra. Fiscal General también.